A lo largo de los últimos días se han ido alimentando expectativas sobre las responsabilidades constitucionales –en mora– que la Asamblea Nacional estaría en obligación de asumir, sobre todo, después del histórico fallo del lunes, dictado por los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia designados por el Parlamento, que se vieron forzados a irse y actuar desde el exilio.
El antejuicio de mérito para enjuiciar al presidente Maduro por los presuntos delitos de “corrupción propia y legitimación de capitales” devela los enormes tentáculos que la transnacional de la corrupción, la constructora brasileña Odebrecht, tiene con Nicolás Maduro, y que ya se ha llevado por los cachos a otros mandatarios de la región, al provocar su dimisión y el enjuiciamiento de otros ex presidentes.
El fallo del TSJ en el exilio tiene que ser validado por la Asamblea Nacional para provocar la dimisión del cuestionado mandatario y de su entorno, y así poner fin a la pesadilla de la narco-dictadura.
Los venezolanos que votamos por los 112 diputados de oposición, en diciembre de 2015, esperábamos que la AN cambiara el orden del día para la sesión del martes, que anunciaba debatir la crisis del servicio de agua y el resurgimiento de enfermedades erradicadas en el país –hasta la hora de enviar este artículo continuaba el mismo orden en agenda– e incluyera, como único e ineludible punto, la decisión tomada por el TSJ sobre el antejuicio de mérito contra Maduro, porque está en el deber de acatar la sentencia emanada de una institución que es un poder legítimo, producto de la soberanía popular, porque fue designada por la misma Asamblea Nacional en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y que ha sido reconocido por la comunidad internacional. Se instaló en la sede de la OEA y emanó su fallo contra el sátrapa que humilla a Venezuela desde la sede del Congreso de la República de Colombia.
El abogado constitucionalista Tulio Álvarez afirma que el TSJ en el exilio “no es un tribunal de derecho interno, sino un instrumento que depende del reconocimiento de la comunidad internacional”. De manera que en la Asamblea Nacional no pueden continuar haciéndose los locos, como lo han hecho con el tema de la doble nacionalidad de Maduro y la obscena corrupción de la brasileña Odebrecht, que presuntamente también salpica y mortifica a algunos representantes de oposición.
El TSJ pide informar sobre la decisión del antejuicio contra Maduro a la ONU, la OEA, la Unión Europea y a todos los cancilleres miembros del Grupo de Lima, además, declaró la procedencia de solicitud de medida privativa de libertad contra Nicolás Maduro y ordenó notificar a la Interpol para que lo incluya en alerta roja internacional.
Estas decisiones pueden traer efectos jurídicos en la jurisdicción internacional. Si Nicolás Maduro se anima a entrar por la ventana o por la puerta de atrás en la Cumbre de las Américas, cualquier juez peruano se puede poner creativo y ordenar su detención, tal como sucedió –en 1998– con el arresto en Londres del ex dictador Augusto Pinochet, que retuvo en sus garras a Chile por 25 años, y fue solicitado por un juez español que lo acusó de crímenes de lesa humanidad –genocidio, torturas y terrorismo–; cualquier parecido con nuestra realidad no es pura coincidencia.
De manera que hay precedentes sobre la legitimidad de llevarlo a juicio por violaciones de los derechos humanos. Hay que reconocerle al TSJ legítimo que ya logró el saludable resultado de la ruina moral de Nicolás Maduro y está dando golpes certeros al régimen que deben ser refrendados por los diputados, de lo contrario, estará claro quiénes mantienen al régimen en el poder y echarán por tierra lo que les queda de credibilidad.