Claudio Fermín: Hablando de narcotraficantes

El 28 de noviembre de 2008 fue detenido Kamel Salame. Cinco días antes había ganado la alcaldía de San Felipe, aunque los resultados ofrecidos por el CNE dieron por ganador al candidato oficialista.

Se hizo creer que fue imputado como narcotraficante. Le quitaron sus bienes. Lo expusieron al escarnio público. Lo separaron de su familia. Lo dejaron sin trabajo. En estos siete años su salud se ha deteriorado.

Sus abogados tardaron cuatro años para poder ver el expediente, en grosera obstrucción por parte de los funcionarios a cargo del asunto. El Fiscal Superior de Aragua, donde está radicado el caso, se niega a entregar copia certificada del expediente.

La defensa solicitó al Ministerio Público que se enmendara la presunción que ese organismo difundía en su página web sobre la vinculación de Kamel con el narcotráfico.

En año y medio nada respondieron. Acudieron a la Sala Constitucional del TSJ en amparo y el resultado fue una sentencia de esa Sala instruyendo a la Fiscalía para que respondiera la pretensión en amparo.

El Ministerio Público tuvo que aclarar ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que Kamel no estaba procesado por drogas. Con todo eso, ni el Ministerio Público ni la Juez han revisado la medida.

Hicieron un trabajo sucio y meticuloso colocándole la impronta de narcotraficante a un inocente y se niegan a corregir el error por las implicaciones que ese hecho tendría.

Ante un procedimiento equivocado nadie asume responsabilidades. La Juez de la causa sigue como si nada, aun cuando está siendo investigada penalmente por el caso y se le ha abierto un expediente administrativo disciplinario por presuntas irregularidades procesales.

Igualmente involucrados están los fiscales que formaron parte de la causa y quienes realizaron el procedimiento judicial. Por las implicaciones administrativas, civiles y penales para quienes se confabularon en abuso de poder, en forjamiento de un proceso judicial y en haber causado daño moral sin fundamento, a todo se le echa tierra y se mantiene en la oscuridad y en secreto.

Ante este escandaloso caso de violación de Derechos Humanos la única respuesta del Poder Judicial y del pomposamente llamado Poder Moral es el silencio. Nada dice el Defensor del Pueblo y la Asamblea Nacional ni se da por enterada.

@claudioefermin
@claudiocontigo