Ganar espacios en los demás poderes públicos del Estado es el objetivo de quienes hoy tienen la mayoría en la Asamblea Nacional, y uno de los primeros pasos será reformar la Ley del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), además de renovar a dos rectoras del Consejo Nacional Electorla, cuyos períodos vencen en diciembre de este año.
Una reforma a la Ley del TSJ le permitiría a la Mesa de la Unidad aumentar el número de magistrados, que actualmente se sitúa en 32: siete en la Sala Constitucional, cinco en la Sala Político-Administrativa, cinco en la Sala Electoral, cinco en Casación Civil, cinco en Casación Penal, y cinco en Casación Social.
“Que se amplíe el número de magistrados y esa mayoría sea prácticamente licuada en una nueva correlación de fuerzas. La reforma de la ley también es necesaria porque hay que cambiar nuestro sistema de justicia, que no administra justicia sino que distribuye venganza o prebendas de acuerdo con las lealtades políticas”, dijo el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Jesús “Chúo” Torrealba, en referencia a una eventual reforma a la ley, que les permita incluir funcionarios afectos a ese bando político.
El sábado, el presidente de la AN, Henry Ramos Allup, advirtió que revisarán “a fondo” el TSJ.
“Ese pelotón de ejecución, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que se prepare porque lo vamos a revisar a fondo, porque eso es de todo menos un Tribunal Supremo de Justicia”, señaló.
Hasta ahora, el TSJ, su Sala Electoral, admitió la impugnación de cuatro diputados y declaró a la AN en desacato por haber juramentado a tres de ellos. Y tal parece que de aquí en adelante recursos de nulidad, interpretación e inconstitucionalidad vendrán por doquier en un choque de fuerzas entre el TSJ y la AN.
Para reformar la Ley del TSJ se requieren las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión y con ese incremento se llegaría a 65 o un máximo de 70 funcionarios, según señaló el abogado José Enrique Molina Vega.
“Tendrían que incrementarlo a por lo menos 65. Seis más por cada sala y ocho por la Constitucional para que la oposición tenga mayoría, lo que podría llegar a 70”, explicó.
En opinión del abogado constitucionalista Juan Luis Núñez, esta medida, si la oposición se empeña en llevarla adelante, está sujeta a los recursos establecidos en el ordenamiento jurídico y la reforma podría ser impugnada mediante un recurso de nulidad, o el TSJ podría anularla por inconstitucional.
“Si la Sala Constitucional dice que esa reforma es inconstitucional, no va. Otra cosa es que la Ley del TSJ es orgánica y cualquier reforma tendría que pasar por el Tribunal, la oposición alega que no porque se trata de una reforma. Además, la Asamblea quiere modificar la ley por razones políticas, para meter a los magistrados de ellos”, dijo Núñez.
A juicio del abogado, el TSJ tampoco puede soportar un incremento en los magistrados porque representa un alto costo en su presupuesto y tampoco hay espacio físico para ubicarlos.
Pese a lo expuesto por Núñez, Molina Vega insiste en que el TSJ, aunque podría tratar de impugnar la reforma, no tendría argumentos para hacerlo porque “realmente no es inconstitucional, eso está previsto en la ley. Va a resultar difícil que el Tribunal la declare inconstitucional porque ya hay un precedente que avala que se puede hacer”, dijo.
Para el abogado Pedro Pablo Fernández, exdiputado de la AN, el Gobierno va a tener mecanismos para defenderse si se intenta una reforma. “Ese tipo de iniciativas va a chocar y lo peor que nos puede pasar es terminar enfrentados los poderes, no nos conduciría a ninguna parte”.
Es partidario de que se establezca una tregua política para darle prioridad a atender el problema económico.
“Esa reforma a la ley es muy probable que se encuentre con el TSJ en frente antes de que se haga realidad. ¿Qué pasa si el Presidente la envía a la Sala Constitucional y ésta la declara inconstitucional?, eso no nos lleva a nada. El Gobierno tiene la opción de rectificar en su modelo económico y tiene que existir una tregua política que nos permita sacar la economía adelante, si se sigue la lucha de poderes el país va a perder”.
Otra de las vías que buscará la oposición será ganar espacio en el Consejo Nacional Electoral, cuyas rectoras Socorro Hernández y Tania D’ Amelio, electas el 1 de diciembre de 2009, se les vence su período de siete años el próximo diciembre. Las dos exmilitantes del Partido Socialista Unido de Venezuela.
Le tocará al nuevo Parlamento escoger las dos vacantes, para lo que se necesitan las dos terceras partes de los integrantes de la AN, es decir, 112 votos, que obtuvo la oposición el 6 de diciembre, a la espera de la decisión de la Sala Electoral del TSJ sobre los tres parlamentarios de la MUD: dos de Amazonas y uno indígena, que fueron impugnados y sobre los que no se ha generado ninguna sentencia hasta ahora, y con probabilidad de que se repita la elección en esos circuitos por una denuncia de una presunta compra de votos.
Yesibeth Rincón/Panorama