OLP: Dispare primero ¿y averigüe después?

Cuando llegaron las comisiones mixtas de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) a la Vivienda Rural de Bárbula de Naguanagua, Yoel y Jonathan Páez, de 19 y 21 años de edad, respectivamente, corrieron para evitar que ingresaran a la vivienda y arremetieran contra sus familias. Aún así, los funcionarios los acorralaron en la calle y los tirotearon. Sus no pudieron ver los .

90% de las detenciones a través de estos operativos son arbitrarias, según registra Provea. Ninguno de los arrestos contó con una orden judicial emanada de un tribunal que amparara la actuación policial.

Y a pesar de las denuncias de allegados de que sus seres queridos fueron ejecutados por la fuerza pública, 15% de los venezolanos considera que la OLP ha sido muy efectiva, 40% la considera efectiva, 14% algo efectivo, 13% poco efectivo y 15% nada efectiva, como lo refleja una encuesta de Hinterlaces. El experto en crimen y , José Moreno, coincide con el último grupo.

Increíbles resultados

Según cifras , van 58 delincuentes muertos y se han dispuestos 16.799 funcionarios para estas prácticas. A juicio de Moreno, especialista en seguridad, hay desproporción de fuerza, sean delincuentes o no. “¿Vas a utilizar un batallón de policías o militares para tomar una barriada? Es un número exagerado de efectivos, que no corresponde con los resultados. Además, la diferencia entre bajas pudiera indicar procedimientos policiales desviadados”.

Hay 18.000 bandas y megabandas en el país, contabiliza el experto. “Y se desmantelaron 32. Apenas el 0,17%. Cada banda tiene un promedio de 10 integrantes –las megabandas tienen entre 50 y 100 hombres-, lo que totalizaría un aproximado 180.000 criminales en Venezuela dentro de las organizaciones delictivas. El número de detenidos es apenas 913. Ni siquiera el 1%”.

Los resultados de la OLP son más desconcertantes: En junio, el Jefe de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana informaba que durante este año habían desmantelados 759 bandas y sólo 79 en toda la nación en ese mes. “Un show policial represivo con fines electorales, para subir la popularidad”, sentenció Moreno. “En vez de usar 16.000 , con tan solo 100 bien preparados y una labor de inteligencia previa, los resultados serían mejores”.

Una de las evidencias: El operativo de la Cota 905, en Caracas. El líder de la megabanda “El Coqui”, no fue capturado durante los operativos de la OLP, por lo tanto sus miembros siguen delinquiendo; así continúan operando por lo menos tres megabandas.

Además, Carabobo ostenta el récord de más delincuentes muertos en estos operativos: 32. En la región hay al menos 1.500 bandas identificadas y 10 han sido desmanteladas. Apenas el 0,66%, según Moreno. Calcula que deben existir otras 500 sin identificar. “La represión no es la solución; está en la prevención, el funcionamiento del sistema judicial, reestructuración de los organismos policiales y unificación de la data para investigaciones conjuntas”.

Ciudadanos indefensos

Medidas como la OLP no reducen el delito, generan problemas adicionales; observa el vocero de Provea, Inti Rodríguez. Hasta la fecha, este organismo ha recibido más de 30 denuncias de allanamientos ilegales, solamente de la Cota 905. “Sin investigación previa, la fuerza pública ha llegado a estos sectores, demoliendo viviendas, bajo la excusa de que allí se instalaban células paramilitares. Violando lo que establece la normativa nacional, el derecho a la vivienda”.

4.021 personas fueron detenidas en el primer mes de ejecución de la OLP. Y solo 368 puestas a la orden del Ministerio Público. En el despliegue en Brisas del Hipódromo, al sur de Valencia, 436 familias quedaron sin casas. Aún sin reubicación.

“Una política de seguridad ciudadana debe estar dirigida a reducir el delito, pero con el uso mínimo de la fuerza”, argumenta Rodríguez. Al representante de Provea le preocupa que el gobierno resalte el número de fallecidos como muestra del éxito de la OLP. “El Ministerio Público debe indagar si ocurrieron en enfrentamientos. Se pudiera estar en presencia del encubrimiento de ejecuciones policiales”.

Un informe de Human Rights Watch registra que 7.998 personas habrían muerto por las fuerzas de seguridad pública, entre enero de 2000 y marzo de 2009 en Venezuela. De acuerdo con las cifras de Provea, 98% de las violaciones de DDHH en el país quedan impunes. “Sin castigo oportuno más bien estas prácticas se hacen más frecuentes”, sentenció Rodríguez.

Excesos amparados

De acuerdo con las últimas encuestas, 87% de los venezolanos está de acuerdo con la OLP. A Inti Rodríguez no le sorprende: “Se está vendiendo a la población que se está aplicando mano dura contra la delincuencia, para hacer creer que se está solucionando el problema”.

“Es viento fresco para la población pero no impactará en la disminución de la violencia”, estima el criminólogo Fermín Mármol García, para quien quizás se ha permitido la recuperación de vehículos hurtados o robados, desmantelamiento del microtráfico de drogas; pero no ha desarticulado al crimen organizado”. Ambos especialistas coinciden: La criminalidad y la violencia deben ser abordadas integralmente.

Fuente: El Carabobeño

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