El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús “Chúo” Torrealba, la abogada defensora de Daniel Ceballos, Ana Leonor Acosta, el coordinador nacional político adjunto de Voluntad Popular, Freddy Guevara, ratificaron que el líder de San Cristóbal, injustamente recluido en el Sebin, está habilitado para ser diputado de la Asamblea Nacional.
Aseguran que la resolución de la Contraloría General de la República que presuntamente inhabilita al alcalde depuesto de San Cristóbal para ejercer cargos públicos, es una medida preventiva.
“Chúo” Torrealba ratificó que Daniel Ceballos es el candidato unitario por el circuito de San Cristóbal. “Estamos acá en esta casa para traerle a nuestros hermanos de Voluntad Popular la más firme y recia muestra de solidaridad ante esta nueva agresión contra Daniel Ceballos. Nosotros somos claros y ratificamos que nuestro candidato es Daniel Ceballos, no hay ninguna razón ni siquiera dentro del marco de esta normativa que obligue a pensar en otra situación. Un mensaje para Daniel, caramba hermano cuanto miedo te tienen, caramba hermano te destituyeron, te montaron un juicio sobre otro, te secuestraron, te pusieron un uniforme amarillo, te raparon el cabello, casi te obligan a morir en una huelga de hambre en un sitio con temperatura a 40° a la sombra, te hicieron todo eso y todavía tienen miedo de competir contigo en una campaña en la que tu ni siquiera vas a estar presente. Ese es el homenaje que el miedo le rinde a un luchador popular, democrático y social como Daniel Ceballos”.
Guevara explicó que existe mediante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde se establecen las diferencias entre la inhabilitación política y la administrativa. “Ayer salió una información en los diferentes espacios que decían que Daniel Ceballos está inhabilitado políticamente, esto es absolutamente falso. La Gaceta Oficial deja muy claro cuál es el planteamiento con Daniel. Esto surge a raíz de una locura que se inventó el gobierno nacional en el 2011 cuando a través de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que existían dos tipos de inhabilitaciones distintas. Queremos dejar claro que estamos en contra de esta calificación que ellos hacen, es un absurdo. Esto plantea una diferencia entre la inhabilitación política, que es la que surge cuando hay una sentencia definitivamente firme y la inhabilitación administrativa, que es la surge de la Contraloría, esta sentencia que está en el expediente 1130 que dejo el magistrado ponente Arquiadio Rosales deja muy clara la diferencia entre ambas posturas”.
El dirigente mostró un video en el que la expresidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales, durante una rueda de prensa (https://www.youtube.com/watch?v=nKVunQXONlo) especifica que la inhabilitación administrativa no impide ser diputado de la Asamblea Nacional, por lo tanto la decisión de la Contraloría General de la República (CGR) es un mecanismo más de persecución contra Daniel Ceballos. “La magistrada Luisa Estela Morales, presidenta del Tribunal para ese momento, lo deja muy claro en esa rueda de prensa, señala textualmente las diferencias de la inhabilitación política y la administrativa. Deja claro que una persona que está inhabilitada administrativamente no puede ejercer cargos en los cuales administre fondos públicos, pero si puede ser diputado de la Asamblea Nacional y otros cargos, expresamente dice que puede ser diputado pero no Presidente de la Asamblea Nacional. Daniel Ceballos ganó las primarias de la Unidad, será inscrito como candidato de la Unidad, va ganar la Asamblea Nacional y será reconocido como diputado. No solamente por un tema de voluntarismo nuestro sino porque el propio gobierno lo planteo en respuesta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es injusto, las inhabilitaciones administrativas son una aberración jurídica, son inconstitucionales y son un mecanismo de persecución política que hemos denunciado y seguiremos denunciando”.
Guevara ratificó que desde Voluntad Popular continuarán luchando por el respeto de los derechos no solo de Daniel Ceballos sino de todos los presos políticos. “Vamos a combatir esto, porque es una locura eso que están planteando en el caso de Daniel Ceballos. Insisto, aun manteniendo esta aberración inconstitucional, eso lo que impide es que maneje fondos públicos. ¿Se puede inscribir Daniel? Sí, lo dijo propia presidenta del TSJ para ese momento, ¿puede ganar y ejercer? Sí, también lo dijo la propia ex magistrada. La resolución misma que saca la Contraloría General de la República deja claro que esta es una inhabilitación administrativa, que no impide los derechos constitucionales de los artículos 62 y 63, que hablan de poder ser candidatos”.
La abogada Ana Leonor Acosta explicó que la decisión se basa en que Daniel Ceballos no presentó la declaración jurada del patrimonio en los 30 días después de cesar sus funciones como alcalde del municipio San Cristóbal. “Ayer salió publicada la gaceta número 40695 de fecha 3 de julio, una decisión del Contralor General de la República bajo la resolución 193, en la cual confirma una decisión de inhabilitación a Daniel Ceballos. Al momento en que Daniel Ceballos fue destituido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declaró el desacato y condenó a Daniel a 12 meses de prisión y lo destituyó del cargo. Daniel Ceballos ya se encontraba detenido en Ramo Verde antes de esta decisión, una vez que se notifica que Ceballos no hizo esa declaración, se dice que Daniel está impedido de realizar esta declaración. Ceballos ha cumplido con todas sus obligaciones, de hecho fue diputado al Concejo Legislativo del estado Táchira y presentó tanto su declaración de inicio como de cierre del ejercicio de su cargo, cuando empezó su cargo como alcalde del municipio San Cristóbal también presentó su declaración jurada de patrimonio, en este caso se vio impedido porque un órgano del Estado, el TSJ, lo mantenía privado de libertad. Daniel Ceballos estuvo los 5 primeros meses aislado, donde no tenía acceso ni siquiera a una llamada telefónica. ”.
La penalista indicó que esta es una medida preventiva, que no implica una sanción definitiva, según lo establece el artículo 39 de la Ley Contra la Corrupción. “En este capítulo se habla de las medidas preventivas se establece que con el objeto de asegurar que se presente las declaraciones juradas de patrimonio pueden dictar unas medidas preventivas y en el caso que puede realizarse una inhabilitación de hasta 12 meses siempre y cuando no se presente esta declaración jurada de patrimonio. Esta decisión no es una definitiva, se hace para asegurar las resultas de una decisión. Iremos a la Sala Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a impugnar esta decisión, pues es una obligación imposible de cumplir por parte de Daniel Ceballos, ya hemos denunciado sus condiciones de reclusión”.
Acosta recordó que la declaración jurada del patrimonio es un trámite personal. “Hemos solicitado que pueda firmar un poder, yo soy la abogada y no tengo un poder de Daniel Ceballos, tengo la designación que él me hizo en el Tribunal solo para ese juicio. Esto es un acto personalísimo, que con un documento emanado de un funcionario que de fe pública pedir que se haga esa declaración”.
Solidaridad con Alcalde Ledezma
Para finalizar, Jesús Torrealba envió un mensaje de solidaridad para Antonio Ledezma, a quien el régimen pretende vincular con el asesinato de Adriana Urquiola. “Recordemos que el pasado 23 de junio de manera irresponsable el señor Nicolás Maduro intento vincular Antonio Ledezma con el crimen de Adriana Urquiola. Ese horrendo crimen fue perpetrado, no digo presunto porque él confesó que cometió el crimen en una declaraciones que dio al diario El Nacional, ese homicida confeso y convicto resulta ser una persona con amplios nexos con el gobierno, una persona contratista del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. El gobierno en una maniobra politiquera, en maniobra de desinformación intenta ahora plantear que el asesino se lo quiere endosar a la oposición. Ahora, quieren radicar el juicio de Adriana Urquiola en Caracas y que quieren sumar el expediente del caso de Antonio Ledezma este hecho para exculparlo. Esto es parte de la manipulación en la administración de la justicia en Venezuela”.
Prensa MUD