El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, se mostró hoy dispuesto a cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI), organismos que abrió un examen preliminar al país caribeño por, entre otras cosas, posibles abusos de sus fuerzas de seguridad durante las protestas antigubernamentales de 2017.
«Estamos dispuestos a demostrar y a mostrar, cuando así se nos requiera, cada uno de esos argumentos», aseguró Saab, en declaraciones a la prensa sin responder preguntas, sobre los supuestos casos de violencia de los organismos de seguridad del Estado durante las manifestaciones que se extendieron desde abril hasta julio de 2017.
El titular del Ministerio Público (MP), designado en agosto por la oficialista Asamblea Constituyente, recordó que el presidente, Nicolás Maduro, reiteró en junio de 2017 la «prohibición» de armas de fuego a las fuerzas de seguridad para responder a las manifestaciones antigubernamentales.
«Aquel funcionario policial o militar que de manera individual haya cometido el lamentable hecho de violar el derecho a la vida o la integridad de algún ciudadano sabrá que bajo nuestra presencia (…) no habrá impunidad y así lo hemos ido demostrado», sostuvo.
El exdefensor del pueblo, que calificó la información en la que se basó el CPI para este examen preliminar de «sesgada», señaló que desde este tribunal internacional no contactaron con el MP para pedirles información sobre «la judicialización o no de los casos que tienen que ver con los lamentables sucesos» de 2017.
«Este nuevo MP tiene suficiente documentación de hecho y de derecho que revela efectivamente que los casos los hemos atendido coordinadamente con la Defensoría del Pueblo y los tribunales de la república donde ha habido informes minuciosos sobre el estado de los mismos», defendió.
«Muchos de esos casos han tenido imputación y acusación por parte de este nuevo MP a partir de agosto a la fecha», agregó el que también fuera gobernador del oriental estado Anzoátegui por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
El exdiputado manifestó que con este examen preliminar abierto hoy en La Haya el Estado venezolano se encuentra ante una «oportunidad» que afrontará de forma «totalmente transparente».
«Para demostrar que aquí quien viole Derechos Humanos (…) no va a tener ningún tipo de inmunidad, sino castigo y sanción en base a los tratados de la República suscritos y nuestra constitución», finalizó.
En las protestas antigubernamentales del año pasado murieron más de 120 personas, muchos de ellos a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
Además de por posibles abusos de las fuerzas de seguridad, el examen preliminar también se refirió al trato recibido por los cientos de detenidos durante y después de las protestas, pues, según la Fiscalía de la CPI, algunos fueron «presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato».
Este paso dado hoy por el CPI no es una investigación plena, sino previo, para analizar la información disponible y determinar si existe fundamento razonable para seguir por lo que, en adelante, mantendrá contactos con las autoridades venezolanas. EFE