Los hechos ocurridos en las residencias Los Verdes de El Paraíso, en Caracas, resaltaron no solo por la violación a la propiedad privada sin orden de allanamiento y a los DDHH, sino por la crudeza con la que los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) actuaron contra mujeres, niños e incluso mascotas.
Pero durante estos hechos ocurrió algo que se está convirtiendo en un patrón en cada protesta que se escenifica en distintas parroquias de Venezuela: los habitantes de las zonas residenciales que han sido atacadas por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado denuncian haber sido víctimas de agresiones, detenciones y violaciones a la propiedad privada en sus hogares, tras haber sido delatados por vecinos oficialistas que operan bajo la figura de “patriotas cooperantes”.
El proceder de estas personas, citadas y vitoreadas en reiteradas ocasiones por el diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, podría acabar con el escaso tejido social que queda en Venezuela, al promover la desconfianza entre los vecinos. Así lo aseguran distintos expertos consultados por Caraota Investiga.
“Luego de que tú descalificas y vas disminuyendo al otro como un adversario que no tiene derechos, provocas al otro sector para que te acompañe y se convierta en una suerte de espía para delatar gente y sacas lo peor del ser humano, lo conviertes en una masa incoherente, que asume la violencia como una identidad”, destacó el sociólogo Amalio Belmonte.
Este esquema de delatores ya ha causado situaciones trágicas en la sociedad venezolana. El caso más conocido relacionado con patriotas cooperantes ocurrió en 2014, cuando Rodolfo González, “El aviador”, fue detenido en abril de ese mismo año por funcionarios del Sebin, quienes lo acusaron de ser “uno de los cerebros” de las protestas que se escenificaban desde febrero, medida que tomaron tras recibir la llamada de un patriota cooperante.
Igual ocurrió con Araminta González, la joven químico a quien la policía científica allanó su vivienda el 23 de julio de 2014 y un día después fue detenida por cargos de conspiración y por presuntos vínculos con el politólogo Vasco da Costa, también detenido en ese entonces.
El caso de Araminta González es uno de los más emblemáticos de una víctima de delación por parte de “patriotas cooperantes”. González fue torturada y sometida a tratos crueles y vejaciones, tal y como denunció en su momento el abogado José Vicente Haro. Fue recluida junto a presas comunes en el Instituto de Orientación Femenina (Inof) hasta que, en noviembre de 2016, se le otorgó libertad bajo régimen de presentación y tratamiento psiquiátrico.
En la misma situación que Araminta se encuentran Gilberto Sojo, Rosmit Mantilla y Yeimi Varela, quienes fueron detenidos por el Sebin tras haber sido denunciados por “patriotas cooperantes”, según reseña la organización Venezuelan Awareness.
“Es un esquema de terror en el que cada ciudadano se siente fiscalizado por el otro. Los hijos fiscalizan a los padres, se rompen los lazos de amistad y lo que se introducen son esquemas de desconfianza entre todos los ciudadanos. Es un método típico de las sociedades autoritarias”, agrega el sociólogo Trino Márquez.
El objetivo de este tipo de prácticas es, para los sociólogos, un intento de atemorizar a la población para evitar que actúe como sociedad civil que reclama sus derechos.
“La reacción natural es la del pánico y la del miedo. Lo que hay que recomendarle a la gente es que no se deje ganar por el miedo, porque el miedo paraliza, el miedo acobarda y desmoviliza y eso es precisamente es lo que el régimen está buscando: que la sociedad se desmovilice y sienta terror ante la posibilidad de que un familiar, un vecino o un amigo sea un delator”, subraya Márquez.
Para los expertos, la escalada en el conflicto social es consecuencia de un proceso paulatino de desinstitucionalización y división de la sociedad, que viene ejecutándose desde 1999 y busca fracturar a la sociedad a partir de su unidad más mínima de interacción y socialización: los vecinos.
“El chavismo lo que logró fue fragmentar a la sociedad, acabar con la institucionalidad y convertirla en un teatro de operaciones militares. Pareciera que el Gobierno ya no quiere imponer el modelo sino lo que quiere es destruir al país”, destaca el sociólogo y secretario de la UCV, Amalio Belmonte
Mientras los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado intensifican los métodos de represión y utilizan técnicas de infiltración para generar fracturas entre manifestantes y vecinos, los expertos advierten que buena parte de la población está reaccionando de forma contraria: creando un frente común en torno a los ideales de libertad y democracia.
“La sociedad civil venezolana se cohesionó porque hay un sentimiento colectivo que la está uniendo que es la libertad y la democracia. Toda esta represión lo que ha logrado es fortalecer el sentimiento democrático”, apunta Belmonte.
A pesar de que los signos de desconfianza aún no son visibles en el seno de las parroquias venezolanas, los analistas advierten que, de acentuarse este tipo de prácticas mediante la intervención de patriotas cooperantes, el conflicto en Venezuela podría escalar hacia escenarios desconocidos hasta el momento.
“Ninguna sociedad permite que la destruyan por la vía de la violencia. Si el Gobierno sigue actuando así, algunas personas podrían –por desesperación- acudir a la autodefensa. Pero el problema es que el Gobierno no ha logrado su objetivo, que es desmovilizar y aterrorizar a la gente y eso los debe tener muy preocupados”, destaca Belmonte.
Otra alternativa para los vecinos –mucho menos radical- consiste en protegerse de los delatores mediante mecanismos de contrainteligencia vecinal.
“Así como el Gobierno tiene delatores, la sociedad tiene que descubrir quiénes son esos delatores, no para reprimirlos, pero sí para hacerles sentir que la sociedad los conoce, que el barrio los conoce, que la vecindad los conoce y la delación que puedan hacer no va a quitarles fortaleza, no va a quitarle valor a ese edificio o a esa urbanización”, asevera Trino Márquez.
Mientras el Gobierno se aferra a la represión como única alternativa para sostener el poder e imponer el Estado comunal, la sociedad se enfrenta al reto de mantenerse cohesionada y no perder la confianza entre sí, como única alternativa para fortalecer el tejido social y evitar la ruptura entre vecinos.
“Ahorita es difícil porque estamos en medio de la rabia, el rencor y la retaliación que han dejado las protestas, en eso es lo que está centrada la gente ahorita. Hay mucho dolor, hay que superar la memoria triste de esto que está pasando y esto es un proceso largo”, concluye Luis Cedeño, director de la ONG Paz Activa.
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