“La GNB me dijo que ni en la cola puedo estar porque me persiguen”

Nalinle Ramos no piensa acercarse a una cola nunca más. Al menos no por ahora, mientras tiene régimen de presentación cada ocho días. El Ministerio Público la acusa de haber participado en los saqueos del 31 de julio, en la avenida Manuel Piar de San Félix, y por eso se abstiene de acercarse a una cola: el método tradicional para comprar alimentos regulados en Venezuela.

Ha pasado un mes y recuerda ese día como si fuese ayer. Estaba preparando el guiso para las empanadas, esas que vende en la avenida Manuel Piar desde hace cuatro años, cuando escuchó que a su hijo, Geany Cardozo, le habían disparado.

“Salí corriendo a buscarlo, dejé el guiso, y cuando lo veo la Guardia (GNB) lo tiene y me retiene con él”. Así fue como llegó a parar al Desur y allí estuvo durante ocho días con otras mujeres acusadas de saqueo. No recuerda ni siquiera qué delitos le imputan. Tampoco tiene abogado, pero sabe que son más de cuatro.
Su hijo, de 21 años, tiene tres disparos en la pierna que –según- no han sido tratados. “Eso lo tiene feísimo y solo lo han llevado una sola vez al hospital”.

Ahora Nalinle está en otra cola, no para comprar comida, sino para llevar comida a Geany en la comisaría de Guaiparo, una suerte de pequeña cárcel urbana que todos prefieren antes que el traslado al Internado Judicial de Ciudad Bolívar, en Vista Hermosa, o El Dorado.

El descontento por transporte y escasez estalló
con saqueos y un muerto en San Félix

A las otras colas para comprar harina de maíz ya no puede acercarse. “La guardia me dijo que ni en la cola puedo estar porque me persiguen, o porque si pasa algo me van a agarrar por saqueadora. Menos mal que yo tengo quien me la trae”.

Y así como Nalinle, decenas de familiares más asisten a la visita del domingo en Guaiparo. La mayoría no tienen defensores privados y solo algunos casos están siendo tratados por el Foro Penal Venezolano. Solo esperan que transcurra los 45 días de lapso para que se cumpla la audiencia preliminar.

Por ese hecho, son más de 60 los que aún permanecen detenidos por los saqueos del 31 de julio que -según Nicolás Maduro y Diosdado Cabello- fueron organizados por paramilitares y agentes de la oposición.

Las caras de Chirica

Pero en la cola de Guaiparo todos comentan del tema de los paramilitares como un absurdo. En su mayoría, los apresados son vendedores de verdura, de pollo; plataneros, caleteros, albañiles y algunos trabajadores de empresas básicas, como el de Carlos Brizuela, con más de 30 años en Sidor.

Los testimonios son variados y su descripción se asemeja a una especie Caracazo a lo interno de las rutas 1 y 2 de Vista el Sol, de la parroquia Chirica, una de las más empobrecidas e históricamente parte del voto duro chavista.

En sus entrañas, donde residen dos de las bandas más populares peligrosas de Guayana y cuna de azotes renombrados, se registraron saqueos de los que solo se tiene registro por grabaciones colgadas en YouTube, muchas de las cuales nadie se atreve a hablar.

Los saqueos, que inicialmente comenzaron en la avenida Manuel Piar, se extendieron durante la tarde y en la noche hacia el barrio adentro. Durante ese día, y aunque el gobernador Francisco Rangel Gómez aseguraba que todo estaba normal, los robos de motorizados en licorerías no se detuvieron como tampoco las detenciones dentro de las casas.
Un grupo da testimonio de que sus familiares no fueron detenidos in fraganti sino en su vivienda, o en mientras comían en puesticos de comida rápida en el barrio.

El papá de Jesús, Nelson Piamo, da fe de que su hijo y su sobrino – Gregory- fueron arrestados a las 9:00 de la noche en Chirica Vieja -detrás del mercado municipal donde también hubo saqueo- en un local de comida rápida. “Lo sacaron dentro de una casa los guardias nacionales, rompiendo el portón de los propietarios de los que tienen la venta de comida”.
A ellos, por ejemplo, les están imputando saqueo y desorden público y “muchos cargos más”. “No los agarraron con ningún elemento que justifique que estaban saqueando”.
Otros, como el hijo de Ana Angarita, Arnold Barceló, fue detenido cuando salía de la pescadería donde trabaja, en el mercado de Chirica. “Iba en su moto cuando lo agarraron, el guardia le dio con un palo, le quitó el teléfono, sus pertenencias, el reloj que cargaba y también la moto”.

Otros testimonios

El precio de la cárcel

Mientras esperan, las familias también hacen maromas para conseguir la comida con qué alimentar a sus detenidos en la comisaría que no cuenta con el presupuesto para la manutención de los reos.

Alida Cedeño, por ejemplo, menciona a su hijo -Jesús Cedeño- como el sustento de la casa, un “pollero” que trabaja en el mercado de Chirica donde, además, han vivido desde hace 23 años. Como otros, fue detenido dentro de una casa por efectivos de la GNB.

Cuando cuenta su caso llora porque tiene un hijo con Síndrome de Down, a quien no le consigue las medicinas ni tiene dinero para comprarlas. “Es que él (Jesús) es el sustento de la casa porque yo tengo un hijo especial y él es el que me ayuda”.

“Una sola pastilla de Keppra me vale 1.500 bolívares y por pagarle la causa a él no le he comprado la pastilla al hijo mío. Aquí cobran 1.500 sino les pegan y mi hijo toma Keppra, Valpro y Rivotril, esas tres pastillas a mí me dan 2.500 bolívares. Es horrible chama”.

Este domingo algunos familiares debían pagar mil bolívares cada uno para una especie de pran que administra la comisaría. El dinero no solo es destinado, en esta oportunidad, a la reparación de un aire acondicionado, sino a la ampliación de una de las paredes. “Eso hay que pagarlo porque allá dentro dicen que allí solo hay varoncitos que deben cumplir su palabra”, cuenta un visitante.

Algunas familias intentan llegar a las 5:00 de la mañana, porque para visitas solo permiten 40 hombres por días. Esa rutina, en el caso de Germán Rodríguez, lo hizo perder su trabajo. “Uno tiene que comprar el arroz a veces en hasta 300 bolívares para traerle, esto ya es demasiado… a veces tengo que regresar caminando a la casa porque no hay dinero”.

En su familia él es el encargado de llevar alimentos a su hermano, Herson Rodríguez, trabajador de vigilancia en Corpoelec, quien fue detenido luego de dejar a su hija con su mamá y luego salir a trabajar. “No hay evidencia de que estaba saqueando porque no lo agarraron con nada”.

Germán no tiene dudas de que todo sigue igual luego de los saqueos, y hasta peor. “Si son presos políticos, no sé, porque ellos no son terroristas ni paramilitares, son personas honestas que estaban trabajando”. “Ahorita para comprar los productos por necesidad son colas enormes, el miércoles que pasó hasta hubo heridos en el Loto. Nada ha mejorado…”.

Cerco investigativo

De lo que si nadie habla es de los responsables de la muerte de Gustavo Patinez Gómez, de 21 años, el 31 de julio en la avenida Manuel Piar. La gente responsabilizaba a efectivos de la GNB, pero luego jamás aparecieron en la escena pública. Algunos parientes señalaron que “todo estaba resuelto”.

El Gobierno, sin embargo, ha mantenido la tesis de los paramilitares y la oposición como el móvil de los hechos, pero no ha presentado el resultado de las investigaciones por el deceso del joven quien recibió un disparo en pleno disturbios.

Los antecedentes del Caracazo han dejado ya historias similares de las que el gobierno aún está en deuda. Sobre las muertes de 1989, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en 1999 y mandó al Estado emprender una investigación efectiva de los hechos, así como a identificar a los responsables de los mismos.

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