El partido Primero Justicia (PJ) introdujo este viernes una “denuncia penal”en la Fiscalía General de la República contra el presidente Nicolás Maduro, los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las rectoras del Poder Electoral por intentar cambiar “violentamente” la Constitución.
“La fracción parlamentaria de Primero Justicia, en nombre de la unidad democrática, ha venido a hacer una denuncia penal contra el presidente de la República, los magistrados de la Sala Constitucional, y las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE)”, dijo a los medios el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Tomás Guanipa.
Desde la sede de la Fiscalía en Caracas, Guanipa aseguró que estos funcionarios “han incurrido en un delito muy grave de violación de la Constitución” que, citando el artículo 143 del Código Penal venezolano, señaló que deben ser castigados quienes “conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución”.
El artículo 143 del Código Penal, en su numeral 2 reza que “serán castigados con presidio de doce a veinticuatro años (…) los que, sin el objeto de cambiar la forma política republicana que se ha dado a la nación, conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela“. Según Guanipa, la denuncia se basa en ese artículo porque “no hay ninguna forma más violenta” de querer cambiar la forma republicana “que usurpar la voluntad del pueblo venezolano que es quien tiene la decisión sobre cómo debe ser modificada la Constitución y cómo deber ser convocada esta Asamblea Nacional Constituyente”.
En ese sentido, el vocero opositor resaltó que este documento que entregaron en la Fiscalía pide que “se abra un proceso penal de investigación” contra estos funcionarios. “Venimos a hacer esta denuncia, porque hoy lo que hay es un secuestro institucional en Venezuela, pero, además, un golpe de Estado gravísimo, que tiene además responsabilidades penales”, sostuvo.
Maduro ha convocado a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar el ordenamiento jurídico, y la oposición ha calificado este proceso de fraudulento, alegando que no se ha preguntado al pueblo si este quiere hacer este cambio a través de un referendo consultivo. Además, los opositores acusan al Poder Electoral de ser cómplice del Gobierno al convocar elecciones para los redactores de la eventual Constituyente, y al máximo tribunal de violar las leyes al apoyar esta convocatoria.
Ya estamos en Instagram por:
https://www.instagram.com/aldiayalahora/