Los dos militares imputados por el Ministerio Público (MP) por estar implicados en la muerte del capitán Acosta Arévalo fueron presentados este lunes en tribunales, en un caso que vuelve a señalar a los órganos de seguridad en Venezuela como violadores de los Derechos Humanos (DDHH), de hecho la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, se declaró «conmocionada» por el fallecimiento.
El Tribunal 36º del Área Metropolitana de Caracas dictó prisión «preventiva» contra el sargento Estiben Zárate y el teniente Ascanio Antonio Tarascio, acusados por el fallecimiento del capitán de corbeta, ocurrido la madrugada del sábado, informó un comunicado del Tribunal Supremo de Justicia.
El documento no responde a las denuncias de dirigentes opositores, familiares del oficial y organizaciones de derechos humanos sobre supuestas torturas contra el oficial, reseña AFP.
Zárate, de 22 años, y Tarascio, de 23, fueron presentados en audiencia preliminar por el delito de «homicidio preterintencional» que, según la ley venezolana, aplica a quien «con actos dirigidos a ocasionar una lesión personal, causare la muerte» a una víctima y que contempla penas de seis a 12 años de prisión.
Ambos pertenecen a la Guardia Nacional y estaban adscritos a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en cuyos calabozos se encontraba Acosta por un presunto complot contra el gobierno de Nicolás Maduro que incluía asesinar al mandatario. Allí permanecerán recluidos los implicados.
«Sorprendente. El Ministerio Público le imputa el delito de ‘homicidio preterintencional concausal’ a los dos detenidos (…), ignorando los delitos previstos en la Ley contra la Tortura», criticó en un tuit Alonso Medina Roa, abogado del fallecido militar.
«Desaparición forzada»
La muerte de Acosta provocó un rechazo internacional, con condenas de Estados Unidos, el Grupo de Lima -14 países de América críticos de Maduro- y la Unión Europea.
«Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte», indicó este lunes Bachelet en un comunicado.
Acosta fue detenido el 21 de junio y dado por desaparecido durante una semana. «Dado que su familia y sus abogados no fueron informados sobre su paradero (…), su caso puede constituir una desaparición forzada», añadió el texto de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Activistas denuncian que Acosta fue llevado a tribunales el viernes pasado en silla de ruedas con «graves signos de tortura», por lo que el juez ordenó trasladarlo al hospital militar de Caracas, donde falleció.
«Estaba perfecto antes de su detención», aseguró Medina Roa en una entrevista radial. «Muere siendo inocente, porque nunca hubo un juicio», añadió.
«Centro de torturas»
Guaidó, jefe del Parlamento reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de gobiernos, convocó para el viernes 5 de julio -Día de la Declaración de Independencia del país caribeño- una protesta «para exigir el fin de las torturas, (los) asesinatos» y las «violaciones de derechos humanos».
La manifestación en Caracas partirá desde la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y tendrá como destino el cuartel del Dgcim.
«¿Por qué el DGCIM? Caramba, porque es el centro de torturas por excelencia en este momento», expresó este lunes en rueda de prensa la diputada opositora Delsa Solórzano.
Maduro encabezará ese día el tradicional desfile militar del 5 de julio.
Las tensiones complican retomar el diálogo en torno a la crisis entre delegados de Maduro y Guaidó, tras fallidas conversaciones cara a cara en Oslo, en mayo, con la mediación de Noruega.
Según Eurasia Group, la muerte de Acosta llevó a Guaidó a suspender contactos previstos esta semana; pero la consultora estima que serán «reprogramados pronto» ante «creciente presión internacional sobre ambas partes» para alcanzar acuerdos.