Decenas de opositores permanecen encarcelados o con medidas de arresto domiciliario, acusados de cometer delitos contra el Gobierno
El recién reelegido presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió este martes a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) revisar los casos de los opositores que se encuentran en prisión para concederles beneficios procesales, y caminar así hacia «un gobierno de reconciliación».
Durante su discurso de proclamación, el mandatario venezolano pidió a la presidenta de la Comisión de la Verdad de la ANC «que, por favor, promuevan con mi aprobación como jefe de Estado, un conjunto de medidas beneficiarias para sectores de la oposición que hayan incurrido en errores y problemas», dijo.
«Podemos dar un conjunto de gestos que avancen a un proceso de reconciliación de reencuentro, de perdón entre los venezolanos, le pido a la Comisión de la Verdad , doctora Delcy Rodríguez -presidenta de la comisión y de la ANC- que demos un paso audaz, gigantesco, adelante», pidió.
Junto a otros anuncios de carácter económico y político el líder de la llamada «revolución bolivariana» aseguró que busca que este segundo mandato sea «un gobierno de reconciliación nacional”, reseñó EFE.
El jefe de Estado, que ha llamado a todos los factores políticos, y a sus exrivales a participar en un diálogo de entendimiento dijo que las puertas de Miraflores están abiertas “inclusive para aquellos con los que tenemos muchas diferencias, quiero escucharlos (…) porque en todos hay siempre un núcleo de verdad».
Varias decenas de opositores permanecen encarcelados o con medidas de arresto domiciliario, acusados de cometer delitos contra el gobierno, muchos de ellos jóvenes manifestantes que participaban en protestas callejeras.
Familiares de detenidos exigen fe de vida a Fiscalía
Por otra parte, los familiares de los denominados «presos políticos», exigieron a la Fiscalía dar garantías de vida y de la integridad física de estos privados de libertad, luego de denunciar que llevan siete días sin que se les informe sobre las condiciones en las que se encuentran.
«Aquí estamos presentes familiares de diferentes presos políticos, exigiendo para ellos garantías de su vida, de su integridad física, derecho a la salud, acceso a la salud», dijo a periodistas, Patricia Gutiérrez, esposa del exalcalde Daniel Ceballos, preso desde 2014 y acusado de promover la violencia de las protestas de ese año.
La también exalcaldesa de la ciudad de San Cristóbal, en el oeste del país, que se encontraba junto a otros familiares de políticos detenidos, pidió que se «ejecuten las boletas de excarcelación» y recordó que solo en el Servicio de Inteligencia (Sebin) en Caracas hay 11 opositores presos que tienen orden de libertad pero que aún siguen tras las rejas.
Reiteró la denuncia de «torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes» en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas; en el penal de Santa Ana, en Táchira y en la sede del Sebin en Caracas.
La semana pasada en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en Caracas, se presentó una revuelta de los «presos políticos» (ahí recluidos) que denunciaban «torturas» por parte de los funcionarios de seguridad y que concluyó sin que se concretaran varias de sus exigencias, incluyendo la liberación tras una cárcel injustificada.
Luego de eso, un grupo de mujeres detenidas por motivos políticos, inició una huelga de hambre, que según los familiares de los presos, fue levantada por los funcionarios del Sebin de manera «violenta».
La ONG Foro Penal Venezolano, dijo que la situación de los «presos políticos» en este momento es «grave» porque no se conoce información de algunos, mientras que otros no están recibiendo la atención médica que necesitan y cifró el número de opositores apresados en 338.
Asimismo, el también abogado del Foro Penal Jesús Marcano indicó que hay una cantidad numerosa de «militares» detenidos, sin ofrecer mayores detalles, debido a que aún no tienen la información exacta de la cantidad. EFE