Arrecian fallas de telefonía e internet en zonas residenciales

A la falta de aseo, agua y electricidad se suman las averías de telecomunicaciones, publica El Universal

Para quienes se lamentan por las fallas de servicios básicos, una dificultad asociada a la desinversión que afecta el suministro de agua, electricidad y aseo urbano, la intermitencia de las telecomunicaciones es la mayor grieta en una ciudad que resiente el desmantelamiento del sistema de telefonía Cantv, la falta de mantenimiento y de personal capacitado para atender las averías denunciadas por los suscriptores.

Solo en San Agustín del Sur, el desatino de la estatal de comunicaciones ha dejado a tres mil familias sin telefonía fija y servicios asociados, según denuncian técnicos de campo. En ese sector, que abarca comunidades como el Jardín Botánico y La Charneca, la interrupción se remonta a hace cinco meses cuando se hicieron las primeras denuncias.

Un grupo de trabajadores de Cantv señala que el Gobierno solo está priorizando las averías registradas en las zonas comerciales, pues disponen de poco personal y equipos para enfrentar las fallas. Entre las comunidades más afectadas destacan Parque Central, Candelaria, San Martín, El Paraíso, Montalbán y Santa Mónica.

Evir Orduz, un residente de la calle 8 de Los Jardines de El Valle, tiene un año sin telefonía e internet y dice que le cobran por un servicio que no recibe. Señala que su denuncia ha sido respondida con trabas que retratan las dificultades de una compañía que tiene más de 2 millones 456 mil suscriptores de internet y amasa más de 7 millones de líneas fijas, de acuerdo con cifras oficiales.

Desde finales de diciembre, advierten empleados de la estatal de comunicaciones, se presenta una falla en la Estación Los Caobos, en esa zona homónima, donde se quemaron tres tarjetas electrónicas y más de 1.200 familias quedaron incomunicadas. De las 64 centrales que maneja Cantv en Caracas, cuya función es enlazar las llamadas nacionales e internacionales, buena parte de los establecimientos están acechados por delincuentes, denuncian.

«Tenemos serios problemas con el personal, hay pocos técnicos capacitados y muchos de los nuevos ingresos son tercerizados y no se forman en la Escuela de Telecomunicaciones de Cantv», declaró una fuente.

Solo en los últimos dos años, expone el sindicato de la empresa, se han realizado alrededor de 400 nuevos ingresos de personal de campo sin preparación, lo cual ha restado capacidad de respuesta.

La dificultad de José Ramos, un vecino de El Valle, que suma de un mes sin telefonía, no es distinta a la de Marisa Romero, de la California Sur. Ambos han denunciado sendas averías, pero aguardan por respuestas. «Es todo un rollo para que te atiendan y lo peor de todo es que no recibimos facturas por el servicio, ni siquiera sé cuánto debo pagar porque la compañía no refleja el monto a facturar», agrega Ana Villar, vecina del municipio Sucre.

Quienes se sirven del servicio denuncian la ralentización del internet cuyos planes sufrieron un incremento de entre 101% y 382% en noviembre de 2017. «Ahora pago más por una conexión que es cada día más lento», señala Antonio Monasterio, quien dice ser cliente de esa operadora desde 1996.

A finales de año, Cantv informó que estaban siendo resueltas 18.620 averías que afectaban las telecomunicaciones de comercios, entes gubernamentales, centros educativos y de salud. En esa ocasión más de 313 escuelas y 277 entidades bancarias permanecían afectadas.

La falta de mantenimiento no es solo una tarea por cumplir en el área de telecomunicaciones, también afecta otros servicios básicos como el aseo urbano, cuyos equipos demandan inversión: más del 80% de los camiones de Supra Caracas, la empresa recolectora de Libertador, están paralizados por repuestos y la compañía ha tenido que recurrir a equipos privados para paliar el problema de los desechos en un municipio que genera 2.500 toneladas diarias de desperdicios.

Hay quienes adhieren a la coyuntura la falta de alumbrado público, la ausencia de mantenimiento vial y el racionamiento agua, una política que se aplica desde 2014 en el Área Metropolitana y que no pierde vigencia pese al  buen nivel de los embalses. A juicio de Miguel Morales, líder de San Pedro, es un inconveniente que general que demanda políticas activas.