El gobernador del estado del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, afirmó que la medida de cierre de la frontera en esta región era “la única vía” que le quedaba a las autoridades venezolanas para combatir el problema del paramilitarismo y el contrabando hacia Colombia.
La primera autoridad del Zulia, estado que comparte más de 600 kilómetros de frontera con Colombia, aseguró en una entrevista con Efe que el Gobierno está “absolutamente convencido de que esta puede ser una vía, o la única vía que nos quedaba para tratar con profundidad los problemas”.
“A nosotros nos parece que es una medida fuerte pero necesaria, que obliga, como en el dominó, a barajar las cartas y cambiar las cosas”, dice el gobernador, que apunta a la necesidad de “refundar la frontera”.
Sobre este territorio rico en petróleo, el presidente de Venezuela ordenó el cierre fronterizo en un tramo de 200 kilómetros lineales del limite norte con Colombia, una extensión en la cual se había vuelto muy difícil el control de los pasos ilegales usados por los contrabandistas y también por narcotraficantes.
“Tenemos un solo paso establecido que es Paraguachón, el único legal, pero por cualquier trocha que se metan hacia Colombia pasan libremente”, explica el gobernador y señala que en este territorio no se podría hablar de un número de trochas sino de una sola de 200 kilómetros de amplitud.
Las autoridades estiman que hacia Colombia se desvía un 40 % de los alimentos y productos subsidiados a bajísimo costo por el Gobierno venezolano y al menos 200.000 barriles diarios de petróleo, que en el país caribeño son vendidos a precios simbólicos y luego revendidos por los contrabandistas al valor internacional.
El desvió de productos es “crítico” en esta zona, que dijo, “se convertía en una suerte de succionadora que se lleva no solamente el consumo del Zulia sino de otros estados atraídos por el precio y la riqueza fácil”.
Desde que se decretó del estado de excepción en ese territorio “nos ahorramos dos millones de litros de combustible” (el 25 % de consumo menos), aseguró Arias Cárdenas para dejar ver la cantidad de gasolina que salía solo por ese tramo de la frontera y “sin hablar de lo que sale por la frontera del sur” del estado que aún permanece abierta.
Sobre los poco más de 400 kilómetros que permanecen abiertos, una zona boscosa por la que pasa la Sierra de Perijá, se mantiene no solo el contrabando de alimentos y combustible sino un territorio en el que los propios habitantes denuncian la presencia de guerrilla, narcotráfico y paramilitarismo.
Por ello Arias Cárdenas estima que el cierre “es necesario en todo el frente” que incluye desde el primer hito al norte de Venezuela hasta el limite con el estado Táchira, donde ya fue ordenado el cierre de la frontera el pasado 20 de agosto.
En la Sierra de Perijá “hay luchas por espacio de poder y por el raspado de la coca, aquí hay presencia por momentos de la fuerza militar colombiana y en otros momentos de grupos de paramilitares, conflicto de territorios de los propios grupos de la guerra política de Colombia”, argumenta el gobernador para explicar que esa “va a ser una zona complicada”.
Desde el lunes, que se ordenó el cierre en el primer tramo del Zulia, hasta ahora, aseguró, la fuerza militar ha ejercido “la contención” del contrabando, pero una vez desplegados los 3.000 nuevos efectivos que llegaron ayer al territorio las autoridades combatirán con mayor fuerza el delito.
Estos hombres “que vienen a reforzar, tienen que estar no solo en los puntos fronterizos sino desplegados por los municipios ubicando a los sicarios, y va a salir gran cantidad de cosas de allí en base a la información que nos da la gente de la comunidad”, dijo.
El gobernador atribuye los problemas de la zona al “abandono del Gobierno colombiano”, al que llama “atenido” al asegurar que han descuidado la frontera.
“La asignación de combustible pasa esta zona y el control del contrabando no existe, entonces nuestros alimentos están llegando a toda la zona”, dijo Arias refiriéndose al norte de Colombia.
“Este dejar pasar, dejar de hacer del propio Gobierno colombiano afecta nuestra economía y afecta la tranquilidad del pueblo nuestro”, añadió.
Además, se refirió a lo que calificó de “una realidad social de explotación” en cuanto a lo que ocurre en el territorio guajiro venezolano, habitado en un 70 % por indígenas, muchos de ellos dedicados al contrabando.
La autoridad regional aseguró que es una “injusticia” lanzar la responsabilidad del contrabando a la etnia Wayuú puesto que detrás de éstos operan carteles contrabandistas que les explotan.
“A los grandes capos del contrabando es adonde tenemos que llegar en esta búsqueda, probablemente no sea el muchachito que anda con una pimpina (envase para guardar gasolina), mal pagado, con la boca llena de llagas y los pulmoncitos constreñidos de tanto oler gasolina y sacarla”, dijo.
El gobernador admite, al igual que los habitantes, que el contrabando “ha corrompido a mucha gente” y señala que se trata de un negocio que “maneja tanto dinero que corrompe, corrompe funcionarios y corrompe militares”.
A lo que añade: “Ahora el tema es cómo cambiar profundamente hacia la ética, cómo refundar la frontera y cómo refundar la ética de la frontera”. EFE