El abogado, ex parlamentario y activista pro DDHH, Rafael Narváez, exhortó a la Asamblea Nacional a revisar y reformular la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) así como remover a los magistrados y aplicar las mismas acciones contra el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, de quien aseguró no cumple funciones para las cuales fue juramentado en el cargo.
“Que la AN platee una revisión de la Ley Orgánica del TSJ y la remoción de todos estos magistrados, pasa también por la revisión de los poderes públicos como Defensor del Pueblo y Fiscalía porque estamos en total indefensión. Las víctimas son los que siguen siendo atropellados porque no ha habido justicia sino impunidad” dijo.
Narváez apuntó que, tras dos años de ocurrida la marcha de los jóvenes y estudiantes, quienes salieron a las calles para exigir rectificación del Gobierno nacional en cuanto a políticas económicas, sociales y de seguridad, el saldo es negativo para el Ejecutivo venezolano y el poder judicial, ya que afirmó que reina la impunidad en cuanto al esclarecimiento y endilgamiento de condenas a quienes cometieron 42 homicidios, de los cuales seis de los fallecidos fueron Guardias Nacionales, cuatro efectivos policiales, 30 civiles. Resaltó que estas muertes violentas en su mayoría fueron cometidas por funcionarios del Estado venezolano. “El Sebin y establecimientos militares se convirtieron en centros de torturas para los detenidos”.
“Hace dos años muchos venezolanos, jóvenes ciudadanos, salieron a protestar para que el Gobierno rectificara, con un país sumergido en la pobreza, donde había problemas de inseguridad increíbles y grave problemas económicos. Fue una protesta cívica, sin embargo fueron recibidos con perdigones y balas; en decir en ese momento el Estado combatió ideas con balas y dos años después hay un balance negativo: hubo más de 3.300 detenciones arbitrarias, personas que fueron recluidas en centros militares sin debido proceso, donde en las audiencias no hubo presencia de fiscales sino del militar con la bota dura en contra de muchos muchachos que lo que hicieron fue protestar. Se produjeron 150 torturas militares, arrastraron mujeres, les cortaron el cabello” detalló.
Dijo Narváez que el principal problema de los poderes públicos es la subordinación hacia una tendencia política, lo que ha ocasionado cifras alarmantes y desde mismo modo ha promovido la impunidad, que atenta contra los más indefensos: los ciudadanos. “277 homicidios en enero, en carnavales 92 cadáveres y lo que ha habido es una francachela de actos pagados en dólares. El pueblo es víctima de inseguridad por eso hay que remover al poder ciudadano. La Asamblea tiene la última palabra, que no le tiemble el pulso para hacer estas remociones de poderes insubordinados” expuso.
Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad