Amenazan de muerte a directora del Sundde

De estar siendo amenazada de muerte por parte de mafias del contrabando y el acaparamiento en el Táchira, denunció la directora regional de la Superintendencia de Precios Justos, Magally Rodríguez.

Afirmó que todo comenzó con el operativo del pasado lunes y martes en el Mercado Mayorista de Táriba, por acaparamiento y especulación con los precios, donde fueron inspeccionados varios establecimientos comerciales.

—El lunes, solicitamos una orden de allanamiento, pero la misma sólo nos la entregaron el martes por la tarde, logrando incautar más de 62 toneladas de productos de primera necesidad, las cuales quedaron a órdenes del Ministerio Público–acotó.

Señaló que en el procedimiento se cometieron algunas irregularidades, como la fuga de información, ya que cuando llegaron al sitio los propietarios de establecimientos,  bajo el aviso, cerraron sus locales, “por lo que solicitamos la orden de allanamiento”.

También denunció Rodríguez que, antes de que llegara la orden judicial para proceder legalmente, los establecimientos quedaron bajo el resguardo de la Guardia Nacional y, según afirmó, “cuál sería mi sorpresa que en la mañana del martes los mismos dueños de esos establecimientos empezaron a saquearlos para llevarse la mercancía, a pesar de que estaba la custodia militar, esto sorprende y es preocupante porque nosotros hacemos la fiscalización de incautación, pero el resguardo, la protección es de los cuerpos de seguridad.

Expuso que en el operativo hay mucho que aclarar, porque  hay testigos que dicen haber visto cómo sacaron otros elementos que no son alimentos ni productos de primera necesidad;, “en todo caso, se mantendrán las fiscalizaciones en el Mercado Mayorista de Táriba, en operativos  conjuntos con la Guardia Nacional Bolivariana, el Cicpc, Saime y Politáchira”.

Sostuvo que actuaron por muchas denuncias que recibieron a través del “0800Precios Justos”, donde se da  cuenta de irregularidades en el Mercado Mayorista de Táriba, “allí hicimos un trabajo de campo y se pudo verificar –entre otras cosas-, que estaban vendiendo  a puerta cerrada sin control de precios, por lo que solicitamos al Ministerio Público se abriera la investigación bajo la presunta comisión del delito de boicot, en el marco de la guerra económica”.

—En total fueron 12 los establecimientos comerciales que fueron fiscalizados, pero ahora  nos están amenazando de muerte y nos dicen que este gobierno  no durará toda la vida y que a mí me van a matar, pero yo les digo que mientras esté cumpliendo con mi deber no me van a amedrentar y los cuerpos de seguridad deben tomar cartas en el asunto, al igual que la Fiscalía del Ministerio Público, porque al delito nunca se le debe temer, más bien hay que enfrentarlo, por eso el pueblo tiene que seguir denunciando a través del 0800Precios Justos, porque el gobierno del presidente Nicolás Maduro  tiene esa particularidad de atender las denuncias del pueblo para atacar a los acaparadores que juegan con la necesidad  de los venezolanos-, destacó la directora regional del Sundde-, Magally Rodríguez.

La Nación

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