Miguel Ángel Martín, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, afirmó este martes que su país está cerca de una transición porque tanto la comunidad internacional como los venezolanos saben que el mandatario, Nicolás Maduro, no es un presidente legal durante una visita en Chile.
«Maduro no representa a los venezolanos ni tampoco va a resolver los problemas del pueblo», dijo el magistrado.
Martín se reunió en Santiago de Chile con Roberto Ampuero, ministro chileno de Relaciones Exteriores, y con Haroldo Brito, presidente de la Corte Suprema chilena.
El magistrado estuvo acompañado por otros jueces del TSJ en el exilio, como se autodenomina este órgano judicial compuesto por magistrados nombrados por el Parlamento,
Martín aseguró que el papel de la comunidad internacional es importante para el devenir de la crisis venezolana porque la aplicación del derecho internacional puede lograr la terminación del gobierno de Maduro.
El juez señaló que el gobierno venezolano ha llevado a cabo actividades criminales que involucran a varios países, lo que da pie para pedir que se active la Convención de la Organización de las Naciones Unidas en contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.
El TSJ en el exilio condenó en agosto a Maduro por corrupción a 18 años y tres meses de prisión en un caso con la constructora brasileña Odebrecht.
El presidente del TSJ en el exilio le expresó al canciller chileno su agradecimiento por el recibimiento que el país austral ha dado a miles de venezolanos que han huido de su país durante los últimos años y pidió ayuda para paliar la grave crisis que vive Venezuela.
«Lo que está padeciendo Venezuela es un hambre demencial, no hay alimentos, no hay medicinas, no hay un Estado de derecho, no hay justicia y necesitamos la comunidad internacional, así como la prensa, para que no se duerma este tema», indicó el parlamentario.
Martín y los jueces venezolanos se reunirán este miércoles con la Asociación de Magistrados de Chile e inaugurarán la Academia de Líderes, una iniciativa de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que pretende preparar a jóvenes venezolanos para una transición democrática en el país.
El Parlamento venezolano designó el año pasado a 33 magistrados para el Tribunal Supremo, con la idea de que reemplazaran a 33 jueces en ejercicio de esa instancia, al considerar que están al servicio del Gobierno y que en su nombramiento hubo graves irregularidades.
Sin embargo, el tribunal nombrado por el Parlamento funciona en el exilio y se autodenomina «legítimo» al considerar que el que funciona en Caracas fue nombrado «sin que se cumplieran los requisitos constitucionales»