Un nuevo ingrediente se ha añadido al polémico caso de los familiares de la primera combatiente del país Cilia Flores, toda vez que se destapara que la firma defensora de uno de los Flores, es la que representa al Banco Central de Venezuela en su demanda contra Dólar Today en Delaware.
Luis Alejandro Aguilar, abogado y en calidad de “Amicus curiae” y como interesado por derechos difusos en el caso, manifestó que en tres oportunidades ha enviado cartas al juez Paul A. Crotty, que lleva el caso para sugerir que se abra una investigación a Vicente Southerland y Jonathan Marvinny de los Defensores Federales de Nueva York, Inc., firma de abogados de la defensa de los Flores, y determinar la procedencia del pago de los honorarios a la empresa más grande de juristas en el mundo, con 144 oficinas a nivel internacional.
“Este miércoles los abogados del defendido pidieron otra prórroga luego de la del 2 de diciembre, para efectuar la reunión de las partes el 14 del mismo mes, una semana después de las elecciones, lo cual sería manipular las normas federales”, explicó.
Aguilar manifestó que la misma firma que representó al BCV, es la que representa a los Flores en la corte de Nueva York.
Ante esta situación, la primera carta que envió al juez, afirmó que tiene dos objetivos: uno, es informar que no se pueden usar fondos públicos para financiar a los Flores y dos, abrir una investigación para determinar con qué se iban a pagar los honorarios de esta ostentosa firma.
“El abogado de Flores informó a la corte que no se usarían fondos públicos de Venezuela, que no han cobrado nada por la defensa, pero no dijeron el origen de los fondos con los que les estarían pagando. La carta solo responde a la mitad del problema, que parte de la legitimación de los fondos que se iban a usar para el pago”, dijo.
Aseguró Aguilar que por eso sugirió la investigación de la procedencia de los fondos, porque o son propios de Flores o bien son procedencia de sus familiares, “que todos son funcionarios públicos en Venezuela, que ganan en bolívares y no tienen acceso a dólares Cadivi para efectuar tal pago. El dinero tiene que provenir de alguna parte y se debe verificar si es legítimo”.
Por otra parte, el jurista explicó que la defensa de los Flores solicitó una segunda extensión para la conferencia entre el juez y los representantes de las partes, para ver cómo se manejará el caso, pero “ayer (miércoles), intempestivamente, solicitaron sin justificación alguna, la conferencia para el 14 de diciembre”.
Argumentó que el juez que lleva el caso, de acuerdo con el procedimiento federal de Estados Unidos, puede admitir prórrogas que sean debidamente justificadas, pero ninguno de los elementos de justificación estipulados en la normativa han sido presentados. Además dijo, que la misma norma dice que el imputado tiene derecho a que se someta a un juicio rápido.
“El juez debe determinar si la prórroga viene del imputado o si proviene de las autoridades del Ejecutivo nacional venezolano por sus abogados, para posponer el juicio para después del 6 de diciembre, lo cual sería manipular la norma federal en beneficio de una tercera persona, como Cilia Flores, candidata a diputada por Cojedes”, manifestó.
Dijo que en calidad de “Amicus Curiae”, estaba en su derecho de enviar al juez federal de la Corte de Nueva York, una carta informativa, cuestión que está contemplada en el código de procedimiento Federal para los casos de narcotráfico, para esgrimir pruebas y argumentos de otras fuentes para obtener información para esclarecer el caso, si lo consideran apropiado.
Resaltó que escribió las cartas, como persona interesada en la defensa de los intereses colectivos y difusos de los ciudadanos de Venezuela y de todos quienes adversan el narcotráfico, lavado de dinero, legitimación de capitales, corrupción, terrorismo y crímenes de lesa humanidad.
«Mis cartas no constituyen el ejercicio de la profesión de la abogacía en Estados Unidos de América y contienen dos elementos: una exposición de hechos y unas sugerencias a Hon. Judge Crotty, a los Assistant US Attorneys y a la firma SquirePatton Boggs (US) LLP. No soy parte en el juicio ni interesado ni reclamo derechos de ninguna naturaleza. Ninguna de las partes en el juicio está en la obligación de dirigirse a mí», acotó.
SN