La mandataria, envuelta en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, enfrenta un complicado panorama tras la apertura del impeachment
Por: Lucas Goyret [email protected]
Este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, sacudió el tablero político al abrir el proceso de juicio político contra la presidente Dilma Rousseff, involucrada en el escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
Esta noticia provocó un fuerte cimbronazo en el seno del Partido de los Trabajadores (PT) –bloque de la mandataria–, que semanas atrás aplicó una nueva estrategia para evitar el impeachment al reformar su Gabinete.
Sin embargo, la presión social y política, y la fuerte disputa con Cunha, principal enemigo político de la mandataria, llevaron al dirigente del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) a tomar la decisión de iniciar el proceso de juicio político.
En este contexto, ¿corre peligro el mandato de Rousseff? El caso ahora será analizado por una comisión de la Cámara de Diputados conformada por miembros de todos los partidos. De ser aprobado, será votado en el plenario de la Cámara baja.
Para que se haga efectiva la suspensión de la presidente, la votación debe sumar al menos dos tercios de la Cámara. Es decir, 342 diputados (sobre un total de 513). Actualmente, Dilma cuenta con 180 parlamentarios que le son leales. En caso de que los legisladores afines a su gobierno mantengan su postura, la ecuación favorecería a la jefa de Estado. Pero el tenso clima político, sumado a la presión popular, no le garantiza la fidelidad de sus diputados.
De aprobarse en Diputados, el Senado inicia un juicio político y el presidente queda suspendido, de acuerdo con la Constitución brasileña. En ese caso, el vicepresidente (Michel Temer) toma el puesto.
A partir de entonces, la Cámara tiene 180 días para desarrollar el proceso, que será liderado por el presidente de la Corte Suprema.
Para la destitución de Rousseff, el Senado también necesitaría las dos terceras partes de los votos –54–. Allí la realidad es menos apremiante para la presidente brasileña, ya que cuenta con el apoyo del presidente de la Cámara, Renan Calheiros, del PMDB, partido aliado del PT, y una base leal menos inconsistente.
Si la mandataria llegara a ser removida del cargo, no puede presentarse en las elecciones para la primera magistratura por ocho años. Acto seguido, el vicepresidente es confirmado como jefe de Estado por lo que resta del período.
La Constitución establece que si el vice también es destituido, quien toma el mando hasta nuevas elecciones es el líder de la Cámara de Diputados. No obstante, si el proceso se da pasada la mitad del mandato, el Congreso elige al nuevo mandatario.
Rousseff ni siquiera lleva un año de gestión. Luego de ser reelegida, asumió su segundo mandato el 1 de enero pasado por un período de cuatro años.
Eduardo Cunha, el principal enemigo político de Dilma Rousseff
A pesar de haber sido el responsable del inicio del impeachment a la jefe de Estado, el presidente de la Cámara de Diputados también está en una situación delicada. Es investigado por corrupción en el caso Petrobras, por ocultar cuentas en Suiza y por recibir millonarios sobornos del banco BTG Pactual para cambiar una ley.
En el último tiempo su poder disminuyó considerablemente, y en este contexto de inestabilidad su cargo está en juego. Tal vez la carta más valiosa que tenía hasta hoy para sobrevivir era la apertura del proceso de juicio político contra Rousseff.
Su decisión será bien vista por la oposición, que desde hace tiempo pide la renuncia de la mandataria. Pero esto tampoco le garantiza su subsistencia, ya que en un eventual escenario post Dilma, el bloque opositor no vería con buenos ojos estar ligado a un funcionario tan controvertido.
El impeachment también significará el fin de todo tipo de vínculo de Cunha con el Ejecutivo y el PT. Aunque esto pareciera lo menos preocupante, ya que desde hace tiempo se pronunció «opositor» al gobierno –junto a una porción de fieles a él- a pesar de pertenecer al PMDB, aliado del partido oficialista.
Además de las investigaciones por corrupción, sobre la figura del presidente de la Cámara baja recae una denuncia ante el Consejo de Ética de la Cámara por parte de un grupo de parlamentarios de izquierda y de la oposición, con el Partido de la Social Democracia de Brasil (PSDB) a la cabeza, que exigió su renuncia.
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