El fiscal general Tarek William Saab, indicó que está investigando a policías que no lograron mantener a salvo al concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, que presuntamente se lanzó desde el piso 10 de un edificio de alta seguridad.
La muerte de Fernando Albán la semana pasada afectó a muchos venezolanos que dudan de la opinión del gobierno de que el concejal del área de Caracas se quitó la vida solo tres días después de su arresto por sorpresa en un aeropuerto. Albán regresaba de un viaje de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, para impulsar la opinión en contra del gobierno socialista del presidente Nicolas Maduro.
En una entrevista a la agencia de noticias AP, el fiscal jefe Tarek William Saab restó importancia a las críticas y sugirió que los líderes de la oposición que insisten en que Albán fue expulsado del edificio o torturado hasta la muerte podrían ser procesados por ellos mismos.
“Los que dicen que fue un asesinato no han presentado ninguna evidencia”, dijo. “Primero tienen que dar los nombres de quienes llevaron a cabo el asesinato. Pero nadie se ha atrevido a hacer eso porque saben que inventar algo sería cometer una calumnia “.
Dijo que la autopsia realizada en Albán estaba documentada con fotografías y que los resultados se compartieron con la familia y los abogados de Albán para que la auditaran. Hasta el momento, no han presentado ninguna objeción, dijo.
Saab rechazó los llamamientos de los líderes de la oposición para una investigación independiente llevada a cabo por expertos internacionales para resolver informes contradictorios sobre cómo murió. Dijo que tales llamadas, que han sido respaldadas por Estados Unidos y otros gobiernos extranjeros, son un intento de “interferir” en el sistema de justicia de Venezuela.
“No vamos a delegar en ningún gobierno extranjero la propiedad de nuestro sistema de justicia penal”, dijo Saab. “Eso es abusivo e irrespetuoso”.
Sin embargo, reconoció que ningún prisionero debería poder suicidarse mientras se encontraba bajo la custodia del Estado y agregó que los responsables de no protegerlo serían investigados por negligencia.
“Sus encargados fueron entrevistados porque son parte de la investigación”, dijo.
Para muchos venezolanos, incluidos algunos antiguos partidarios del gobierno, la muerte de Albán se hace eco de las tácticas de guerra sucia utilizadas por los agentes estatales en los años sesenta y setenta, cuando se encontraron muertos prominentes de izquierda, incluido el padre de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en celdas de prisión con poco explicación.
Saab, de 56 años, asumió el cargo de fiscal general de Venezuela hace 15 meses cuando su predecesora, Luisa Ortega, fue destituida por la asamblea constitucional oficial que tomó los poderes del Congreso controlado por la oposición.
Desde entonces, ha arrestado a docenas de altos funcionarios, incluidos dos ex jefes del gigante petrolero estatal PDVSA, por acusaciones de corrupción, algo que la ahora exiliada Ortega no quiso hacer en la década que estuvo a cargo.
Pero también se enfrentó a críticas por ejercer su poder arbitrariamente y no liberar a decenas de activistas encarcelados por lo que la oposición considera acusaciones falsas.
En agosto, Saab estaba con Maduro en el escenario en una ceremonia militar cuando detonaron drones cargados de explosivos cerca.
Saab dijo que los fiscales han identificado hasta el momento a 51 sospechosos que supuestamente fueron parte de la conspiración creada en Estados Unidos y Colombia para asesinar al presidente.
Asimismo, indicó que la evidencia apunta a la participación de destacados políticos opositores, incluido el ex presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Borges, que ahora vive en el exilio en Colombia, calificó las acusaciones de un intento infundado de aplastar la disidencia en medio de una crisis económica sin precedentes.
“Es una gran contradicción decir que la autopsia puede ser auditada pero luego amenaza a quienes creen que fue asesinado”, dijo Borges, quien estaba con Albán en la Asamblea General de la ONU antes de ser arrestado en el aeropuerto de Caracas.
La negativa de Saab a permitir una investigación internacional de la muerte de Albán contrasta con su invitación al FBI para ayudar en la investigación del ataque de los drones en Maduro.
Mientras se desempeñaba como el principal funcionario de derechos humanos de Venezuela el año pasado, Saab fue sancionado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por su papel en la promoción de la asamblea constitucional oficial del gobierno, que el gobierno de Trump ha condenado como una simple toma de poder.
Al igual que otros altos funcionarios, considera que las sanciones son una insignia de honor. Su oficina en el centro de Caracas está decorada con instantáneas de él mismo en compañía de sus héroes revolucionarios: el venezolano Hugo Chávez, el cubano Fidel Castro y el líder de la independencia argelina Ahmed Ben Bella.
También se hace una especie de hippy. Le gusta rockear con los clásicos de Neil Young, tiene tatuajes en todo su cuerpo, ha publicado varios libros de poesía en español y árabe, y algunas veces camina en su oficina con sandalias.