Elecciones en Colombia serán vitales para el futuro del acuerdo de paz

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos cree que ha habido importantes progresos, y prometió meter el acelerador para la consolidación del acuerdo

ÚN

Tras el primer año de la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz sostenible y duradera entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc-EP, la implementación de lo pactado está llena de reparos, y su futuro parece atado a los resultados electorales.

El ahora partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc, que conservó las siglas de la guerrilla) sostiene que el balance es negativo, y que “la paz atraviesa uno de sus momentos más difíciles”, aunque ratifica su compromiso con el proceso.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos cree que ha habido importantes progresos, y prometió meter el acelerador para la consolidación del acuerdo y la materialización de la paz.

La declaración es un reto para el Ejecutivo, en medio del desgaste del Gobierno y ante lo que analistas del conflicto, como Ariel Ávila, llaman el “chantaje político” de las instituciones por los retrasos en el Congreso, las posiciones de la Fiscalía y los fallos del Tribunal Constitucional.

El Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame, en EEUU, encargado por las partes para verificar el proceso, indicó que solo se ha completado 17% de lo suscrito. Pero matizó que “se ha alcanzado un progreso significativo, dada la complejidad” de esta fase.

 

Reproches. La implementación también ha sido criticada por instituciones y organismos internacionales.

Los reparos de la ex guerrilla se centran en el marco jurídico, que estiman fue desfigurado por el Congreso; la reforma política, que sufrió el retraso institucional, y la reforma rural, causa estructural del conflicto armado de más de 50 años, que tampoco avanzó.

La ONU tercer garante del proceso, reveló recientemente que 3.600 ex faracos dejaron las 226 zonas veredales(55%), por desconfianza en la implementación, pero el Gobierno ha rechazado esta información.

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