Al menos cinco compañías están interesadas en desarrollar proyectos pilotos de exploración de petróleo con fracking en seis bloques de Colombia, una técnica que podría casi triplicar las bajas reservas de crudo y gas del país sudamericano, dijo la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez.
Reuters
Una comisión de expertos recomendó al gobierno el mes pasado implementar proyectos pilotos en yacimientos no convencionales con fracking bajo estrictos monitoreos ambientales, antes de decidir si la controvertida técnica se puede usar ampliamente.
El país no realiza actividades de exploración ni explotación de petróleo con fracking, pero el gobierno del presidente Iván Duque es partidario de promover una amplia discusión técnica, pese a la fuerte oposición de políticos de izquierda, de las comunidades y de ambientalistas.
“En esos seis bloques nosotros hemos visto que hay más o menos entre cinco y seis empresas interesadas”, dijo Suárez, en una entrevista con Reuters el jueves en la noche.
Exxon Mobil, Conoco Phillips, Parex y la petrolera estatal Ecopetrol se encuentran entre las compañías que buscan operar fracking en los seis bloques y algunas ya solicitaron las respectivas licencias ambientales, explicó la ministra.
Los yacimientos no convencionales son formaciones de roca que contienen hidrocarburos en unas condiciones geológicas que no permiten el movimiento del fluido, lo que hace necesario la extracción del crudo con técnicas como el fracking que requieren altas inversiones y rompen las formaciones rocosas con líquido presurizado.
El principal potencial de Colombia en yacimientos no convencionales se concentra en el Magdalena Medio, una zona en donde convergen las formaciones geológicas La Luna y Tablazo. El gobierno estudia actualmente el informe sobre francking de la comisión de expertos para tomar las primeras decisiones.
AÚN NO HAY REGLAMENTACIÓN PARA PRODUCCIÓN
Suárez declinó estimar en cuánto tiempo Colombia podría tener producción de hidrocarburos con fracking y dijo que la reglamentación para esa etapa no necesitará el trámite de una ley aprobada por el Congreso.
“Hoy en día existe una reglamentación vigente que permite la fase de exploración”, explicó. “Todavía no se ha desarrollado ninguna reglamentación para la etapa de producción”.
Colombia tiene unas reservas probadas de 1.782 millones de barriles de crudo, mientras que las de gas son de 3.896 Gigapies cúbicos, por lo que el país busca incrementarlas.
“Nosotros tenemos 5,7 años de reservas de crudo y 11 años de reservas de gas. Las estimaciones dicen que podríamos pasar con yacimientos no convencionales a tener 30 años de gas y 15 años de crudo”, aseguró Suárez en su oficina en Bogotá.
La ministra aseguró que las inversiones dependerán de la intensidad de los proyectos y sostuvo que empresas que hacen fracking en Estados Unidos y Argentina están interesadas en Colombia, aunque se abstuvo de mencionarlas.
La petrolera estatal Ecopetrol anunció recientemente que planea invertir 500 millones de dólares en yacimientos no convencionales en el país.
Por otra parte, Suárez dijo que Colombia busca diversificar la minería a gran escala, concentrada mayoritariamente en carbón, cuya producción bajó un 7,4 por ciento interanual en el 2018 a 84,3 millones de toneladas.
El país sudamericano tiene altas probabilidades para desarrollar proyectos de cobre, oro, níquel y plata, pero debe mejorar la velocidad de las licencias y las decisiones judiciales para mantener el interés de compañías internacionales como AngloGold Ashanti, Barrick Gold y Newmont Mining, aseguró la ministra.
“Nosotros estamos concentrados en ver oportunidades de diversificar nuestra matriz minera con minerales que contribuyan a la transición energética”, afirmó Suárez.
La funcionaria sostuvo que Colombia tiene altas posibilidades en cobre “porque está en el mismo cinturón de Chile y Perú”.
Aunque las condiciones de seguridad en Colombia han mejorado tras un acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC en 2016, las protestas sociales y la inseguridad jurídica ante sorpresivos cambios de la reglamentación y consultas populares para impedir actividades de exploración y producción, siguen preocupando a los inversionistas.