Los acuerdos firmados en La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC pusieron fin a más de medio siglo de guerra en ese país
Un año después de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, convertidas hoy en el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el Congreso se ha encargado de bloquear en gran medida los avances de la implementación de lo acordado en los textos. Sumado a esto, “el Estado tampoco ha puesto mucho de su parte para avanzar eficientemente, mientras que los exguerrilleros de las FARC, se quejan de haber sido engañados”, aseguró el analista Ariel Ávila.
El primer aniversario del fin de 53 años de guerra entre el Gobierno y las FARC, llega en medio de un incumplimiento de por lo menos el 50% de los retos que tenía planteado el Estado para la fecha, con mayor preocupación en las fases de reincorporación, presupuesto y organización territorial.
Los colombianos celebran hoy la paz que a pesar de no estar totalmente consolidada, y generar mucha incertidumbre les ha enseñado que “es mejor vivir en paz que en guerra” aclaró Ávila.
Mientras, las fuerzas políticas juegan con el miedo de la gente para sumar puntos para las elecciones presidenciales del próximo año, puntualizó.
Las FARC por su parte, esperan que se les cumpla todo lo prometido, pues ellos, ya hicieron lo pautado, desmovilizarse y entregar sus armas, agregó.
Los retrasos en la reincorporación de los exguerrilleros a la sociedad civil colombiana, la falta de garantías, y calidad de vida en sus zonas de concentración transitorias han sido razones de peso para que 3.000 de los 7.000 excombatientes concentrados en esos campamentos hayan decidido salir de allí, acción que podían ejecutar de forma legal luego del 15 de agosto del presente año, tras entregar sus armas.
Es decir, los guerrilleros no tenían porque quedarse a vivir en sus zonas de concentración, «ellos podían visitar a su familia, salir de paseo, o hacer lo que quisieran a partir del 15 de agosto».
Reencontrase con su familia, ejecutar proyectos productivos y trabajar de forma independiente para sobrevivir son algunas de las tareas que se encuentra ejecutando actualmente ese 55% de guerrilleros desmovilizados.
Al menos 700 de estos 3.000, el equivalente a 10% del total, ha reincidido en acciones ilegales, cifra muy cercana al promedio mundial de incidencias en grupos desarmados, ubicada entre el 12% y el 15%.
El Estado debía dar a cada uno de los 12 mil guerrilleros desmovilizados una renta básica de aproximadamente 220 dólares mensuales, pero solamente 10 mil son los que disfrutan de este beneficio, además garantizar su desarrollo económico a través de proyectos productivos, de los cuales solo tres han sido aprobados.
Adicionalmente a esto el Estado tenía que crear 68 leyes, pero, solo presentaron 24 al Congreso que aprobó apenas 10.
Dos razones de peso que han dificultado el posconflicto son, el presupuesto de la Nación que se ha visto duramente golpeado por la caída del petróleo y el oro, y la descoordinación del Estado al momento de ejecutar los planes para cumplir con la implementación dijo Ávila.
Sin embargo, los principales problemas que traía la guerra a Colombia, han disminuido en un número “muy importante”.
Los secuestros pasaron de 3.306 en 1998 a 140 en 2017. Las minas antipersonales de afectar a 1.281 víctimas en 2006 a dañar solo a 15 este año. De igual forma los desplazamientos forzados pasaron de 232.000 en 2002 a 30.000.