Aunado a este problema, los pocos adultos mayores que corrieron con la suerte de cobrar su pensión en efectivo recibieron su pago en billetes de 20 bolívares, papel moneda que el comercio privado esquiva por su baja denominación y poca preponderancia al momento de comprar
Grace Oria./ÚN
La política de escasez de dinero en efectivo en las entidades bancarias, cada vez que se paga la pensión del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales o cualquier otra ayuda social del Gobierno nacional, se está haciendo una costumbre de carácter mensual.
María Luisa Pereira, de 71 años, acudió cuatro días consecutivos al Banco Bicentenario de Cabimas para que le pagaran su pensión, pero en todos sus viajes sus deseos se vieron frustrados por la falta de efectivo.
Según una investigación de la Cámara de Comercio, en las sedes del Banco Venezuela en Barquisimeto tampoco ha habido efectivo al momento del cobro de las pensiones.
Aunado a este problema, los pocos adultos mayores que corrieron con la suerte de cobrar su pensión en efectivo recibieron su pago en billetes de 20 bolívares, papel moneda que el comercio privado esquiva por su baja denominación y poca preponderancia al momento de comprar.
“Los pocos que pudieron retirar recibieron del personal en su mayoría fajos de billetes de 20 bolívares, lo cual complicó su manejo en las manos de los clientes, quienes salieron a la calle con mucha incomodidad abrazando los papeles, sobre todo hombres que no cargan carteras como las damas”, dice el boletín de la Cámara de Comercio de Maracaibo.
A la fecha, no existe ninguna resolución, decreto o sentencia que dictamine el cese de la circulación en Venezuela de los billetes que conforman el cono monetario en bolívares, por lo tanto, ninguna persona puede rechazarlos, menos en el mercado.
Según la Cámara de Comercio, esta ilegal práctica de rechazar los billetes de Bs. 2, 5, 10 y 20 se viene realizando sin el más mínimo temor y ante la ausencia de autoridades de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde), órgano destinado a la supervisión de negocios en la garantía de los derechos de la población en general, en atención a la Ley de Precios Justos, vigente.
“Varios locales en el ramo de comida rápida, frutas, panaderías, charcuterías, abastos y supermercados son los que llevan a cabo esta ilegal práctica”.