Piden beneficios procesales para policias presos por el 11-A

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Casi 14 años han pasado desde que fueron detenidos y condenados los policías metropolitanos Marco Hurtado, Arube Pérez, Héctor José Rovain, Luis Enrique Molina y Erasmo Bolívar por los sucesos del 11 de abril de 2002. La abogada defensora Theresly Malavé asegura que por buen comportamiento, labor durante su permanencia en la cárcel y beneficios que otorga el Código Orgánico Procesal Penal, los funcionarios cumplen con los requisitos para salir en libertad, publica El Nacional.

AYATOLA NÚÑEZ
anunez@el-nacional.com

Señala que Hurtado y Pérez trabajaron pintando y ayudando a construir una cancha, y esa labor les vale para optar por la redención de la pena por trabajo y estudio. “Computado ese período, se le rebaja el cumplimiento de la condena y les abre la posibilidad de optar por la libertad”.

Agrega que en el caso de Rovain, Bolívar y Molina, condenados a 30 años de cárcel, estos pueden optar por beneficios procesales como cumplimiento de la pena por destacamento, régimen abierto y libertad condicional. Destaca que cada uno de estos procede en la medida en que transcurren los días dentro de la cárcel.

“No se necesita conversación o un favor de la Mesa de Diálogo. En este caso solo hay que solicitar al juez que decida ajustado a derecho. Pero lamentablemente la juez tiene el expediente guardado hasta que le digan que lo puede trabajar”, afirma.

No obstante, la exigencia de la liberación inmediata de todos los presos políticos que ha planteado la Mesa de la Unidad Democrática al gobierno para que continúe el proceso diálogo ha devuelto la esperanza a las familias de los ex funcionarios, que han intentado activar los mecanismos de cumplimiento de pena.

Allegados a los metropolitanos afirman que la juez que lleva el caso se ha negado a responder ante los recursos interpuestos porque espera “órdenes de arriba”, pero mientras los años pasan el círculo familiar se deteriora: el encarcelamiento ocasionó el divorcio de algunos de los presos, mientras que el desgaste físico, moral y emocional llevó a hijos a no volver a visitar a sus padres en la cárcel.

Erasmo Bolívar apenas iniciaba su carrera en la PM cuando fue condenado a 30 años de cárcel. Su tía María Bolívar asegura que el caso está plagado de irregularidades. “Todo fue un parapeto del gobierno porque necesitaba unos culpables”. Ve en el diálogo una posibilidad para su liberación. “Seguimos aferrados a que les den la libertad. Esta sería la Navidad número 14 que pasamos separados. Pedimos a Dios y a los santos que por medio del diálogo tomen en cuenta a los metropolitanos porque nuestro cuerpo y espíritu están
cansados”.

En una situación similar se encuentra Luis Enrique Molina, que lleva preso 14 de los 30 años a los que fue sentenciado. Su esposa, Laura Pérez, expresa preocupación por el complicado estado de salud de su marido. “Casi le da un ACV y lo tuvieron que trasladar a un hospital, lo atendieron y lo devolvieron de una vez. En esa situación estuvo durante 4 días seguidos hace dos semanas”.

También sufre de crisis hipertensivas y perdió el ánimo de celebrar cualquier fecha importante. “A él no le gusta festejar nada. Siempre dice que no tiene nada que celebrar”.

Arube Pérez presenta el peor de los cuadros clínicos. Su sentencia es de 17 años, de los cuales ha cumplido 13 años y 10 meses. Según la familia, ya debería estar en libertad porque el tiempo restante debía ser cubierto por alguna de las cuatro fórmulas alternativas de cumplimiento de pena que han sido negadas.

Yamileh Hernández, su esposa, señala que el paciente tiene una perforación en el duodeno que lo hace a sangrar. Es hipertenso y tiene una arteria obstruida. Lo operaron en junio y le fue colocaron una sonda, pero esta le ocasionó un absceso, que fue extirpado “en carne viva” en el hospital militar.

La familia del subcomisario Marco Hurtado también asegura que este debería estar libre. María Pascastillo señala que su esposo se siente desesperanzado porque la ley no lo ampara. Denuncia que después de 13 años el caso continúa lleno de vicios. “Él no estuvo en puente Llaguno. Lo condenan por ser jefe de uno de los funcionarios”.

Necesitan atención médica

El ingeniero Juan Miguel De Sousa, detenido en enero de 2015 y acusado de enviar mensajes desestabilizadores a través de las redes sociales, requiere con urgencia ser atendido por un especialista. Elenis Rodríguez, abogada de Fundeci, señaló que ha sufrido fuertes dolores de oído y desmayos. A ello se suma la agresiva pérdida de peso. A pesar de su situación, no ha recibido la atención que requiere.

Delson Guarate, alcalde del Mario municipio Mario Briceño Iragorry, en el estado Aragua, fue trasladado El 16 de noviembre al hospital militar en Caracas por deterioro de su estado de salud.