40% de la valoración de las competencias de los empleados y su compensación con días adicionales de salario dependen de su conciencia política
Trabajadores del sector público señalaron que no han recibido el bono por desempeño individual que les cancelan los primeros días de diciembre, como consecuencia de los resultados de las elecciones parlamentarias.
El coordinador nacional de la Unión de Trabajadores, Servando Carbone, informó que en el instrumento de Valoración del Desempeño Laboral 2015, mediante el cual son evaluadas las competencias, “los trabajadores salieron raspados en participación social y conciencia política”.
Añadió que a la evaluación, que el gobierno hace dos veces al año, le agregaron este ítem para medir la participación de los empleados públicos en las marchas, concentraciones y reuniones. Al igual que la puntualidad y colaboración en los actos de proselitismo del Ejecutivo a los que son convocados, así como su nivel de compromiso con la revolución.
La práctica irregular de pasar lista en el lugar de trabajo y en la concentración para constatar la asistencia de los trabajadores se legalizó como mecanismo de evaluación del personal, afirmó.
Ahora, “el triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional significa para los militantes del oficialismo en los organismos estatales que los empleados del sector público traicionaron el gobierno, y les retrasan el pago”.
No obstante, lo más grave es que la “participación social y conciencia política” tiene un valor de 40% del total de la puntuación y puede significar el pago, o no, de entre 155 y 300 días de salario adicional, dijo.
El incumplimiento de la supuesta obligación de ir a un acto proselitista ha ocasionado la suspensión de beneficios laborales de acuerdo con la calificación obtenida por el empleado en la evaluación, explicó. “Los trabajadores del sector público estamos en una tensa calma. Casi todas las instituciones estatales tienen el acta de pago de los bonos especiales de Navidad y evaluaciones en lista de espera”.
Señaló que antes se valoraba la calidad del trabajo, conciencia y compromiso organizacional, adecuación a la normativa de la comisión, el pensamiento analítico, la orientación al logro, innovación, flexibilidad y adaptabilidad, comunicación, trabajo en equipo y cooperación.
Froilan Barrios, dirigente sindical del Movimiento Laborista, refirió que la evaluación al trabajador es a total discreción del funcionario y genera persecución por la preferencia política, lo que es ilegal.
Julio Polanco, de la Unión Nacional de Trabajadores del estado Carabobo, confirmó la existencia de la evaluación y añadió que rechazan esas políticas en contra de los empleados y condenan la dilación del pago.
LAYDELYN SEQUERA
El diputado del Consejo Legislativo del estado Aragua Rodrigo Campos denunció que el gobierno de Aragua pretende sabotear el acto de instalación de la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero.
En una reunión celebrada a puerta cerrada en la sede de la Gobernación de Aragua el jueves pasado, y en la que participó el tren ejecutivo y diputados regionales del PSUV Aragua, el gobernador Tarek el Aissami afirmó que “le llegarían en cambote con el pueblo” a los diputados electos de la MUD, le informó un trabajador de la gobernación a Campos.
“Rechazamos estas acciones al igual que el chavismo, que no quiere más violencia en Venezuela. Los resultados de las elecciones demuestran que la mayoría no desea más confrontación sino la reconciliación del país”, dijo Campos.
En el estado Vargas el viernes pasado, en un acto público frente a la Casa Guipuzcoana, el gobernador Jorge Luis García Carneiro, acompañado de los candidatos regionales del PSUV, pidió a los simpatizantes del oficialismo que se comprometieran, mediante sus firmas, a ir el 5 de enero “como fuera” a la Asamblea, señaló un empleado de una de las escuelas bolivarianas de Vargas, que prefirió no dar su nombre.
El trabajador agregó que la jefa de la zona educativa de Vargas, Irlanda Rodríguez, desde la derrota del chavismo en las elecciones del 6 diciembre, hostiga al personal de las escuelas bolivarianas y los amenaza con despedirlos por no haber votado por los candidatos del partido de gobierno.
Dulce María Rodríguez/El Nacional