Las autoridades allanan sede de Samsung en Seúl por escándalo de corrupción

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La fiscalía de Corea del Sur registró este miércoles las oficinas de Samsung en el marco de la investigación por el escándalo de corrupción que afecta a la presidenta, Park Guen-Hye.

Esta redada se produce en un momento complicado para la presidenta surcoreana, acusada de haber permitido que su amiga Choi Soon-sil utilizara su relación para obligar a grandes conglomerados industriales como Samsung a efectuar importantes donaciones a fundaciones creadas por ella y usar luego el dinero para fines personales.

Choi, de 60 años, también se involucró supuestamente en asuntos de Estado e incluso habría influido en nombramientos de altos cargos.

Samsung está acusado de haber sobornado a Choi Soon-Sil para conseguir el visto bueno del Estado para una fusión el año pasado.

Los investigadores acudieron a la oficina que supervisa las estrategias de negocio de la empresa, informó la agencia Yonhap.

Un portavoz de Samsung confirmó el registro, sin otorgar más detalles.

La fusión entre Samsung C&T y Cheil Industries, completada el año pasado, era considerada como un paso clave en el marco de la transición generacional que enfrenta el grupo y el paso del mando a Lee Jae-Yong, tercera generación al mando de la empresa.

La fusión generaba polémica entre quienes afirmaban que las acciones de Samsung C&T estaban valoradas a un precio inferior al del mercado, pero el mayor accionista del grupo coreano, el Servicio Nacional de Pensiones (NPS) votó a favor.

Este servicio está supervisado por el ministerio de Bienestar, cuyo director en el momento era considerado como muy cercano a Park.

Samsung, que es la mayor empresa del país, donó 20.000 millones de won (17 millones de dólares) a la fundación de Choi, convirtiéndose en el mayor benefactor de la institución.

Varios altos cargos de Samsung, incluyendo a Lee han sido interrogados por los fiscales durante la investigación, que sugiere que desde hace décadas hay vínculos nocivos entre el mundo de la política y el de las empresas. AFP