Guerra entre bandas y colectivos obliga a familias a huir del 23 de enero

La guerra abierta entre colectivos y bandas del 23 de enero han obligado a varias familias a huir del sector. 

Tal es el caso de los Negrín quienes se fueron a vivir a La Pastora por razones de seguridad. No soportaron vivir en el sector El Observatorio del 23 de Enero,  que es considerado una zona de guerra.

Varios proyectiles impactaron en la antigua vivienda de dicha familia durante un enfrentamiento de más de dos horas, el pasado mes de mayo.

Esa noche no durmieron, se escondieron debajo de las camas a esperar que el tiroteo cesara. “Mi nieto no paraba de llorar y al día siguiente no nos atrevimos a salir. Algunos autobuses no prestaron servicio por miedo a quedar atrapados en medio de otro intercambio de disparos”, relató Negrín.

Fue entonces cuando llamó a su hermana, que vive sola en La Pastora, para que les brindara refugio.

La familia se mudó tres días después de su residencia en el 23 de enero, la cual alquilaron a otras personas que también tienen pensado irse porque están cansadas de vivir en zozobra.

Según Negrín, los colectivos son los que imponen las reglas. Tienen equipos de radiotransmisión, están informados de lo que ocurre en cada rincón y controlan la distribución de comida y el funcionamiento de locales comerciales, cobran vacuna por el uso de estacionamientos y enfrentan a los que desacaten sus órdenes o quieran invadir su territorio.

Cada vez que se reporta una situación irregular con una banda delictiva suenan la sirena para alertar a la población. Algunas personas se abstienen de salir a las calles;  otras, más arriesgadas, esperan a que la situación se calme.

Hay planteles que el año pasado perdieron más de 400 horas de clase por quedar atrapados en la línea de fuego de los enfrentamientos. Como el Luis Rafael Pimentel que entre febrero y marzo suspendió actividades por los tiroteos.

Los Negrín son apenas una de las más de 30 familias que, según vecinos, se han mudado a otros lugares para huir del yugo de los colectivos y las bandas.

Una vecina del sector Las Casitas del Observatorio denunció que se han trasladado a casas de familiares o alquilados en Carapita, Caricuao, La Pastora y en el interior del país.

Luis Acosta, en compañía de su esposa e hija, se vio obligado a marcharse de la zona F de la parroquia a finales del año pasado porque fue testigo de un crimen.

A finales de noviembre caminaba cerca de mi casa, cuando observé a tres encapuchados que sometieron a un muchacho. Lo golpearon varias veces y después le dispararon. A los tres días me mandaron notas a mi apartamento con amenazas como ‘Cuídate, sabes que están sentenciados’. Tuve que mudarme por temor a represalias”, declaró.

Inti Rodríguez, coordinador de Provea, también engrosa la lista de desplazados por la violencia en la zona. Hace dos años un grupo de encapuchados lo interceptó frente a la estación Agua Salud del Metro de Caracas y lo amenazaron.

A ellos no les convenía sus denuncias sobre violación de derechos humanos, y tenía dos opciones: se marchaba del lugar y continuaba con su trabajo, o se quedaba y renunciaba. Escogió la primera.

Una funcionaria de Policaracas da fe de que desde el momento en que los colectivos tomaron el 23 de Enero en junio pasado por la detención de cinco integrantes del grupo Tres Raíces, ningún funcionario puede acercarse a la parroquia ni por error.

Las órdenes de los jefes fueron precisas: no queremos saber que hay funcionarios allá. Si algo les pasa, no nos responsabilizamos. Estamos de manos atadas”, destacó la agente.

por El Nacional en noticiasaldiayalahora.co