El presidente Donald Trump no ha mostrado gran interés en la lucha por los derechos humanos. De hecho, su secretario de Estado, Rex Tillerson no quiso reconocer los delitos cometidos por aliados estadounidenses como Filipinas y Arabia Saudita, en medio de su audiencia de confirmación.
Tampoco comentó sobre los crímenes documentados de Rusia y los ataques en Aleppo. Por eso, resultó alentador que el presidente y el Departamento de Estado se pronunciaran en favor de los presos políticos y la democracia en Venezuela. Un país en el que estos dos rubros necesitan de ayuda externa.
El presidente Trump se reunió en la Casa Blanca con Lilian Tintori, la esposa del preso político y líder opositor, Leopoldo López. Luego envió un mensaje por Twitter diciendo que López debía ser liberado inmediatamente. Mientras tanto, el Estado abrió el camino para la sanción de dos funcionarios del gobierno venezolano, acusados de tráfico de drogas. Entre ellos, el recién nombrado vicepresidente Tareck El Aissami. El sábado, durante el tercer aniversario del arresto de López, un comunicado del departamento de Estado, manifestó consternación sobre los más de 100 presos políticos, incluyendo a López y al alcalde Antonio Ledezma. En ese sentido pidieron un respeto por las leyes y la libertad de prensa. También abogaron por la restauración de la democracia, como es la voluntad del pueblo venezolano.
El castigo de funcionarios de gobierno venezolano y el apoyo a los presos políticos como el Sr. López parecen acciones obvias para el gobierno de los Estados Unidos, dada la caída de Venezuela con sus mensajes antimperialistas y el aislamiento del país entre el resto que conforma la región. Por otra parte, la administración de Barack Obama se resistió a tomar medidas, alegando el proceso de diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. De hecho, ha sido bien conocido que dichas conversaciones no llevaban a ningún lugar. Por ende, se cree que la cautela que tuvo la pasada administración, se debió más bien a evitar una ofensa a uno de los principales aliados de Venezuela: el régimen de los Castro en Cuba, con los que el presidente Obama estaba realizando acercamientos para el momento.
Donald Trump no sufre de tales restricciones, ya que ha anunciado públicamente que mantendrá una línea más dura en cuanto al trato con La Havana.
No fue difícil justificar las sanciones contra Tareck El Aissami, quien fue acusado de estar implicado en el tráfico de cocaína desde las bases militares de Venezuela. Su nombramiento como vicepresidente lo hace el segundo a cargo, en caso de que Maduro salga del poder. No es sorpresa que un grupo bipartidista de 34 miembros del Congreso insistiera a Trump actuar en contra de El Aissami y otros funcionarios implicados, que son vulnerables ante acciones de los Estados Unidos, por poseer bienes y cuentas bancarias en el país.
La administración debe continuar con la aplicación de sanciones, incluso en contra de generales que participan de la especulación y se benefician de la desesperada escasez de alimentos en Venezuela y encarcelan a los líderes opositores. Además, debería presionar a la Organización de Estados Americanos para la pronta aplicación de la Carta Interamericana Democrática. Más importante aún, debería mostrar resoluciones en cuanto a los Derechos Humanos en naciones a las que no es fácil oponerse. Filipinas y Arabia Saudita serían buenos lugares para comenzar.