Argentina: Prisión domiciliaria para cura acusado de abusar sexualmente de niños sordos

La justicia argentina concedió la prisión domiciliaria al cura Nicolás Corradi, acusado del presunto abuso sexual de niños sordos en la provincia de Mendoza y que había sido denunciado por los mismos delitos en Italia.

AP

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza hizo lugar al pedido de la defensa del sacerdote italiano, de 82 años, para que sea trasladado el viernes a una vivienda particular desde la cárcel donde estuvo confinado más de un mes luego de establecer que padece problemas de salud, indicó en un comunicado al que tuvo acceso The Associated Press.

Corradi es uno de los cinco imputados por el supuesto abuso de alumnos del Instituto Antonio Próvolo para chicos sordos y con hipoacusia en Luján de Cuyo, cerca de la ciudad de Mendoza, situada a 1.190 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Los delitos presuntamente cometidos por Corradi, el también sacerdote Horacio Corbacho, de 55 años, y tres exempleados laicos de ese centro se cometieron contra por lo menos 25 víctimas desde hace al menos 10 años.

La Fiscalía dijo que Corradi “se alojará en un domicilio ofrecido por la defensa que no puede ser informado”.

Familiares de supuestas víctimas de los abusos repudiaron la medida. “Estamos indignados, sentimos dolor, fastidio. Era una satisfacción tenerlo en la penitenciaría como un delincuente común porque ha hecho más daño que cualquiera”, se lamentó en diálogo con AP Paola González, madre de una adolescente de 14 años con hipoacusia que denunció haber sido abusada por los dos sacerdotes desde que tenía ocho.

Los padres de estos niños, que se hacen entender mediante intérpretes o señas, están analizando “cómo dar a conocer nuestro repudio porque queremos que pague”, afirmó González.

El Ministerio Público Fiscal explicó que la prisión domiciliaria está contemplada en el código penal argentino para los detenidos mayores de 70 años. “Se han tenido en cuenta los informes de los médicos de la penitenciaría y del cuerpo médico forense. En ambos casos se da cuenta de un notorio deterioro de la salud” de Corradi, indicó la Fiscalía.

Agregó que el cura “se encuentra muy medicado por enfermedades que padece” y que ha perdido mucho peso desde su alojamiento en el penal de Boulogne Sur Mer en la capital mendocina a fines de noviembre, cuando fue detenido junto con los otros cuatro acusados.

Durante su prisión domiciliaria Corradi tendrá custodia y portará una pulsera electrónica para ser monitoreado.

Carlos Lombardi, abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Argentina, dijo a AP que la medida es equivocada. “Nuestro sistema de seguridad no es el mejor, tiene muchas deficiencias aunque se tomen recaudos”, señaló.

Corradi, Corbacho y los exempleados del colegio José Luis Ojeda, Jorge Bordón y Armando Gómez están acusados de maltrato físico, abuso sexual y corrupción de menores. Hasta ahora los tres se han negado a declarar. La AP intentó comunicarse con el abogado del anciano sacerdote sin éxito.

El nombre de Corradi apareció públicamente en 2009 cuando decenas de sordos italianos del Instituto Antonio Próvolo de Verona dijeron haber sido abusados en dicho centro por 24 curas, laicos y hermanos religiosos desde la década de 1950. La lista de abusadores fue publicada en internet y especificaba que el sacerdote italiano estaba en Argentina.

En 2012 la diócesis de Verona sancionó a cuatro de los 24 acusados, entre los que no estaba Corradi. En ningún caso hubo un proceso penal porque el delito había prescrito.

El nombre del cura volvió a aparecer en una carta dirigida al papa Francisco en octubre de 2014 en la que las víctimas italianas le hacían notar que Corradi estaba en Argentina junto a otros tres sacerdotes presuntamente abusadores.

Corradi fue trasladado a Argentina en la década de 1980. El sacerdote estuvo primero en el centro Próvolo de La Plata, 70 kilómetros al sur de Buenos Aires -donde recientemente ha sido objeto de una denuncia por los mismos delitos-, y a fines de la década de 1990 recaló en Mendoza.

En Argentina las eventuales condenas a los acusados podrían llegar hasta los 50 años de prisión.